Sobre la carretera Manzanillo- Jalipa, se extiende la zona industrial del municipio costero, donde hay 228 patios de descarga de contenedores repartidos en más de 800 hectáreas, pero donde solo el 7% (18 patios) de estos cuenta con un permiso para operar como tal, mientras que el resto, según la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, trabaja fuera de la ley, propiciando con su mala infraestructura y falta de alumbrado, que los robos en el lugar se incrementen año con año, llegando a 32 denuncias y más de 46 contenedores robados en 2017.

“A la semana nos llegan de dos a tres casos de patios que ya se están instalando. Y resulta que sin los permisos ya hicieron inversiones”, asevera Gabriela Villaseñor, directora de Desarrollo Urbano del ayuntamiento porteño.

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En 2016, la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) registró 20 denuncias por robos de contenedores, cifra que fue rápidamente superada en 2017, ya que para marzo de ese año, el número de denuncias había ascendido hasta a 27. En octubre, la empresa “Contenedores Pacifico” perdió cuatro contenedores por la misma causa.

Y aunque se sabe que algunos de estos infractores han sido detenidos, el proceso que se les lleva a cabo no queda muy claro. En marzo de 2017 se recuperaron en un predio de la comunidad de Jalipa 12 contenedores y hubo tres detenidos, sin embargo, no se dio a conocer lo que procedió en su caso.

Durante un operativo en la misma comunidad a inicios de 2017,  la Marina Armada de México detuvo a más implicados en esta actividad,  pero estos fueron liberados una semana después.

El problema data del año 2000, cuando los ejidatarios de las comunidades de Tapeixtles, Francisco Villa y Jalipa, comenzaron a rentar sus tierras para este propósito, sin haber pasado por un plan parcial que asegurara la eventual llegada de los servicios básicos a la zona.

A pesar de los robos, el crecimiento irregular de esta zona industrial no parece tener freno, ya que tan solo la administración pasada autorizó en Jalipa y El Colomo el cambio de uso de suelo para que 500 hectáreas dejen de ser agrícolas y puedan convertirse en patios, los cuales tampoco reúnen los requisitos básicos para su regulación como contar con servicios o calles.

De acuerdo al presidente de la Unión de Transportistas, Jorge Montufar, este desorden urbano le cuesta al gremio dinero en mercancías perdidas y la preocupación por la seguridad de sus trabajadores, por lo que lamenta que ni los dueños ni quienes rentan, tengan el deseo de regularizarse. Según el líder gremial, para dar fin al problema, es necesario aplicar “mano dura“.

Información e imágenes: Jesús Lozoya