Representantes de siete organizaciones y colectivos colimenses acudieron este lunes (22) a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE), para solicitar a su presidente, Sabino Hermilo Flores Arias, manifestar públicamente su respaldo al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley de Seguridad Interior.

“Le solicitamos que presente públicamente una postura de concordancia y apoyo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017”, señala el documento entregado.

Alejandro Pizano, representante del “Colectivo Inclusión”, una de las siete agrupaciones que conforman el denominado “Frente de Asociaciones, Colectivos y Organizaciones en Defensa de los Derechos de las Mujeres en Colima”, recordó que organismos nacionales e internacionales han planteado las irregularidades y lagunas que presenta dicha ley, que vulnera los derechos humanos.

Indicó que si bien el presidente de la CDHE no tiene una incidencia de decisión a nivel nacional, puesto que sus facultades son estatales y municipales, consideró que bien puede presentar una postura política respecto de esta acción de inconstitucionalidad.

“Además de que su función fundamental es de velar por los derechos humanos de las y los ciudadanos del estado de Colima”, añadió el activista, quien dijo que esta solicitud se suma a las que ya se han presentado a nivel nacional por parte de otras organizaciones y frentes para su respaldo.

En su oportunidad, Flores Arias mencionó que desde que se presentó la iniciativa de Ley, la CNDH en conjunto con los 32 organismos estatales, incluido el de Colima, pedían que antes de su aprobación, en el debate se incluyeran las opiniones de quienes estaban preocupados por sus planteamientos.

“Nuestro pronunciamiento en aquel momento, de ya publicada la ley, fue precisamente cerrar filas en torno a la Comisión Nacional en función a las atribuciones constitucionales para la presentación de la acción de inconstitucionalidad, tal y como ocurrió ya el pasado viernes 19 de enero, y que ya este tema en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó.

Añadió que el argumento substancial de esa acción interpuesta es que no queden las autoridades civiles subordinadas a las autoridades militares, por las experiencias que eso ha dejado en otras latitudes y en otros países en donde son atropellados una serie de derechos fundamentales.

“Algo a destacar es que las autoridades militares están entrenadas para la guerra, no para acciones de seguridad pública, insisto la seguridad pública incorpora la prevención del delito, la persecución del delito, la preparación del ejercicio de la acción penal en su conjunto, y también la imposición de sanciones y el debido cumplimiento de las mismas”, resaltó.