Uno de los máximos deberes cívicos de los ciudadanos es el constante cuestionamiento de las acciones del gobierno en turno.

El cineasta Alfonso Cuarón, ganador del Óscar al mejor director, se animó a presentar diez preguntas a EPN sobre los alcances de la impopular reforma energética y petrolera. Lo hizo con gran seriedad y objetividad, de lo que careció la respuesta oficial y esto exhibe al mandatario mexicano con gran ignorancia de los alcances de su reforma, flotó en su futurismo más que Sandra Bulllock en Gravedad.

Múltiples voces de connotados mexicanos, entre ellos científicos, ingenieros petroleros y muchos más líderes y políticos, hasta miembros del alto clero, han externado que es una reforma lesiva al interés de la nación y de los mexicanos. Pareciera que para EPN la inconformidad de los mexicanos es sólo un grito en el espacio sideral.

La reforma energética es un desatino completo. Comenzando porque esta reforma la debió de analizar un Congreso Constituyente, por sus enormes alcances para la nación, no una propuesta gubernamental avalada por un Congreso a modo.

Otra violación a la Constitución fue que habiéndose presentado en el Diario Oficial de la Federación el sábado 21 de diciembre de 2013, la recibió la Cámara de Diputados el 30 de abril y minutos después clausuró su periodo ordinario de sesiones. Por lo que violó el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional que dispuso que “dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de hacer efectivas las disposiciones (del mismo). Es decir, el plazo venció el 20 de abril de 2014 ¿por qué el Congreso, sin chistar, recibió del Ejecutivo la propuesta extemporánea, y violó la Constitución al no respetar el plazo estipulado en la misma? ¿Nadie notó que llevaba 9 ó 10 días de vencido el plazo? Esto es un claro ejemplo de la subordinación del legislativo a la voluntad de EPN.

Y hablando de la observancia de las leyes, siguen edificándose en Colima casinos que son un negocio nocivo a la sociedad y por ello la Constitución prohíbe las casas de juego, sin embargo cabría preguntar ¿Qué autoridades autorizan su funcionamiento hasta en zonas escolares y residenciales? ¿En el ayuntamiento no toman en cuenta la opinión de los vecinos para dar los permisos a este nocivo negocio? ¿por qué se impulsa la descomposición social?