El diputado local Nicolás Contreras presentó un punto de acuerdo, que fue aprobado por mayoría, para exhortar al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), Carlos Armando Zamora, a que informe sobre el avance que lleva la auditoría excepcional que realiza a la administración del exgobernador Mario Anguiano en los años 2013, 2014 y 2015.

El también coordinador de la bancada independiente planteó durante la sesión de este martes (23) que el pasado 28 enero el auditor había declarado que esa auditoría llevaba un avance del 50 por ciento, y que posteriormente, el 21 abril, dijo que la cifra del avance había alcanzado el 80 por ciento, por lo que consideró extraño que cuatro meses después no se haya concluido ya con ese 20 por ciento restante.

Advirtió que en esa falta de conclusión de la auditoría, se presta para que la sociedad realice especulaciones sobre el tema, “máxime que con la designación de Enrique Michel (exsecretario general del PAN) se habló de una partidización de un órgano que debe ser totalmente imparcial”.

“Antes de la designación de Michel Ruiz había un avance de un 80 por ciento en las auditorías, después de ello, un congelamiento en la información de las mismas; esta coincidencia genera ámpula y sospechas en la sociedad colimense”, insistió el diputado.

Por su parte, la diputada única de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Osafig, subió a tribuna para decir que su Comisión se ha reunido en diversas ocasiones con ese organismo para trabajar en esa y otras auditorías pendientes y adelantó que será en la primera quincena de septiembre cuando se les entregue los resultados que cuestionaba Contreras.

Sosa propone otro exhorto a Osafig para incluir en esa auditoría investigación de compras de carros

Más tarde, la diputada panista Martha Sosa propuso, a nombre del grupo parlamentario al que pertenece, exhortar a Carlos Armando Zamora para que incorpore a esa revisión excepcional que actualmente se realiza, la auditoría de las erogaciones del Gobierno del Estado a finales del 2014 al adquirir seis vehículos Chevrolet Aveo por un monto mayor a 15 millones de pesos.

De acuerdo a Sosa, esa propuesta, también aprobada por los 17 diputados presentes, la hizo a raíz de la publicación de un trabajo periodístico de un medio de comunicación de la entidad, donde se exhiben datos del portal de transparencia y el cual, consideró, genera la “sospecha de compras a sobreprecio, de ocultamiento de información que debería ser pública y un posible acto de corrupción al erario”.

Eliminación de la tenencia confronta a Nico y a diputados del PAN

Por otra parte, durante la misma sesión, el diputado independiente Nicolás Contreras y los diputados panistas Alejandro García y Martha Sosa discutieron en el Pleno en relación a la propuesta que Contreras presentó en octubre del año pasado para eliminar el impuesto de la tenencia.

Al exponer la necesidad del exhorto, Contreras afirmó que a finales del año 2015, durante la elección extraordinaria, el grupo parlamentario del PAN, al cual pertenecía, le informó que detendrían su propuesta “debido a que las condiciones económicas de Colima y el daño generado a la hacienda estatal era más elevado de lo esperado, lo cual no hacía viable en ese momento la derogación de la tenencia”.

El panista Alejandro García subió a tribuna y dijo que como presidente de la Comisión de Hacienda le tocó analizar esa propuesta , la cual aseguró “ya fue dictaminada a favor, pero por circunstancias se ha podido integrar en el orden del día para someterla a votación”.

Sin embargo, Contreras insistió en que el motivo principal por el cual se pidió que se detuviera el dictamen “fue porque no se sabía quién iba a ganar la elección extraordinaria” y el asunto de las finanzas “estaba complicado”.

“Y aquí se dijo y aquí se comentó, y nos estamos viendo a los ojos, que como todavía no se sabía quién iba a ganar, pues entonces no se sabía a quién iba a perjudicar el que se derogara la tenencia o no”, puntualizó.

Posteriormente, Martha Sosa salió en defensa del grupo parlamentario del PAN, que en ese entonces ella coordinaba, y expuso que si se detuvo la iniciativa fue “por varias razones de índole social”, pero también recordó que diversos grupos de la sociedad civil opinaron que no era recomendable tomar esa decisión para el ejercicio de 2016 por venir de una “situación caótica” en las fianzas estatales.

“Yo niego categóricamente que se haya manejado en el grupo esa idea que hasta que no supiéramos cuál era el resultado de la elección extraordinaria, que diga el diputado qué persona le dijo eso, porque como coordinadora salí a los medios en su momento (…) y eso argumenté, que la habíamos postergado por responsabilidad a pesar de que era una iniciativa de todo el grupo”, respondió.

Proponen eliminar la calumnia del Código Penal y agregar sanciones contra abuso de poder

En otro tema, el diputado priista Héctor Magaña y la panista Martha Sosa presentaron por separado en la sesión del martes (23), iniciativas para modificar el Código Penal del Estado con la finalidad de castigar a funcionarios que abusen de su poder y de eliminar del mismo la figura penal de la calumnia.

Magaña propuso a nombre de su grupo parlamentario incluir en el Código Penal, “el castigo para los servidores públicos que frente a los particulares y en razón de sus funciones, los medios o autoridad que éstas les otorguen, cometan o encubran cualquier acto ilegal aún cuando no sea delictivo”.

Las sanciones que propuso el legislador para quienes incurran en los actos mencionados son, de uno a nueve años de prisión, multa por un importe equivalente a 200 o 300 días de salario mínimo y además la inhabilitación para desempeñar funciones públicas hasta por nueve años.

Por otra parte, Sosa aseveró a nombre de la bancada panista, que el propósito de quitar la calumnia  de ese mismo Código, es “eliminar de esta legislación estatal todo vestigio de censura a la libertad de expresión y de manifestación de las ideas de la población colimense”.

Indicó que en abril de 2007 México avanzó en el tema de la libertad de expresión al retirar del Código Penal federal los delitos de difamación, calumnia e injurias, mientras que en estados como Colima, la calumnia sigue siendo considerado un delito penal, cuando “en teoría se considera transgresor del derecho a la libertad de expresión y manifestación de las ideas”.

Finalmente, Contreras volvió a subir a tribuna para insistir que esa fue una de las razones que le dieron a él al momento de detener su iniciativa contra la tenencia, y aunque se dijo dispuesto a revelar el nombre de quién le dio ese argumento, al final no lo hizo.