Armando Zamora, titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), afirmó no temer a la demanda que interpondría en su contra el exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gustavo Allen Ursúa, por daño moral al proponer diversas sanciones en su contra tras las presuntas irregularidades detectadas en la auditoría excepcional de los años 2013, 2014 y hasta agosto de 2015, correspondientes a la administración de Mario Anguiano.

“Yo escuché por ahí que él va a estar haciendo su defensa, pues yo ahí creo que es correcto, él deberá realizar su defensa o su atención a lo que nosotros estamos planteando en nuestro informe, pero pues en las instancias correspondientes, entiendo que el asunto está en la Comisión de Hacienda y es donde él tiene que aclarar las circunstancias”, manifestó el auditor superior.

Mencionó que si bien su trabajo concluyó con la entrega del informe en el Congreso del Estado, la Comisión de Hacienda puede pedir información relativa a lo que plantearon y en cuanto a esclarecer cosas que no le hayan quedado claras, y recordó que ésta ha hecho el ejercicio de escuchar a los que resultaron con propuestas de sanción y está tratando de esclarecer algunos de los puntos donde se encontraron irregularidades.

“Respecto de la información que él comenta, que la Auditoría Superior (de la Federación) ha hecho revisiones, eso no es ninguna excepción para que nosotros no toquemos esos temas, los conceptos que a un ente se le auditen por un ente u otro hasta tres o cuatro entres diferentes fiscalizadores, porque actuamos en el orden federal, actuamos en el orden estatal y se actúa también a través de las contralorías internas de cada ente”, respondió.

Expuso además que el Osafig tiene un convenio de coordinación con la ASF para establecer acciones específicas en auditorías coordinadas, pero que cuando cada uno actúa de manera directa por su lado en un mismo organismo o en un mismo recurso federal, no tienen impedimento para cada quien hacer su trabajo y no tienen por qué coincidir los resultados.

“Nuestro trabajo lo hacemos mediante procedimientos y guías específicas y nosotros encontramos irregularidades que tal vez la Auditoría no encontró o no revisó lo mismo que nosotros, sin embargo, revisó el mismo concepto, es decir, el mismo recurso federal, pero no se metió a un nivel como lo hicimos nosotros, entonces yo ahí no tengo ninguna problemática por esclarecer lo que él habla, en los medios legales que tienen que hacerse porque él lo puede hacer de esta forma”, aclaró.

“Entiendo que hay situaciones que tal vez él pueda aclarar y tenga los elementos, que bueno, pero que lo haga ante las instancias que corresponden; nosotros tuvimos unos procedimientos que aplicamos para hacer la fiscalización, encontramos irregularidades, tal vez en esas instancias que revisamos los documentos no estaban, se pidieron con la formalidad requerida”, añadió.

También recordó que el Osafig no audita personas, sino entes públicos y consideró que si Ursúa estuvo en este ente auditado, su obligación era dejar la información ahí mismo, porque cada funcionario público es responsables de los actos públicos que hace.

“Entonces en ese sentido si la información no estaba, pues no es culpa nuestra, tal vez no sea ni de él, porque alguien la sustrajo, pero bueno, eso no nos incumbe a nosotros, nosotros entramos a revisar y la información era carente, nos queda la duda de si se prestó o no los servicios, si estaban totalmente recibidos, resguardados, los bienes que se trataron de identificar y pues no fue el caso”, puntualizó.

 —¿Verifican que estén las cosas físicamente o únicamente es a través de documentos? 

“Las dos cosas (…) Primeramente se trata de ver si existe documentación de los servicios prestados, si es un curso nosotros tratamos de averiguar si existen lista de asistencia, materiales del curso, evidencia de la participación del personal que se contrató, fotografías, constancias, reconocimientos, pagos a los capacitadores, cuando vemos una lista de simples funcionarios y una firma pues es muy dudoso”.

“Nosotros no vimos documentación ahí que nos avalara esas circunstancias, él menciona que existen, creo escuché que decía del conmutador, entonces bueno no nos lo pusieron a nuestra vista y existe evidencia de que nosotros solicitamos la verificación y no se nos dio acceso, no se nos facilitó, por eso que nosotros planteamos la situación de esa forma”, insistió.

Comentó también todos los procesos que se siguieron en esa auditoría están documentados, y negó que hubieran actuado políticamente como lo señaló el exfuncionario, pues a decir de Zamora, nunca le ha movido esa intención desde que lleva al frente de ese órgano fiscalizador.

“Siempre hemos tratado de rescatar lo técnico que nosotros tenemos que hacer y que lo hacemos a través de nuestros procedimientos de auditoría, igual se los aplicamos a un municipio, a otro, o a un Poder o a otro Poder, entonces son los mismos procedimientos, no tenemos por qué variarlos”.

 —¿Descartas que se haya actuado con dolo? 

“No pues esas ya son expresiones sentimentales de las personas, no es algo extraño, la labor de fiscalización incomoda a mucha gente, entonces no es algo que en lo personal me incomode, no; que me preocupe pues a lo mejor de cierta forma la cuestión mediática, pero estamos todos tranquilos en el sentido de que el trabajo que hemos estado haciendo ha sido correcto, sin embargo, nos preocupa por otro lado que no se han materializado los resultados de las acciones”.

En cuanto al señalamiento que hizo el exfuncionario, en relación a que actuó bajo los intereses de los políticos del Partido Acción Nacional (PAN), Zamora dijo desconocer a qué se refería, pues insistió en que no tiene ninguna injerencia política en ese sentido y menos en un trabajo tan específico.

Y si bien reconoció que se trató de una auditoría que efectivamente fue solicitada por diferentes grupos políticos representados en su momento en el Congreso local, dijo que el trabajo es del Osafig y no se permite la dar la información sobre el proceso, misma que únicamente se conoce cuando se presenta el informe final al Congreso.