El titular de la Secretaría de Cultura en la entidad, Carlos Ramírez Vuelvas, informó a los diputados locales que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya tiene identificado a un presunto responsable del robo de los 15 cheques de esa dependencia por un monto total de 1 millón 300 mil pesos, por el cual se había interpuesto la denuncia correspondiente.

El tema fue mencionado por el funcionario estatal al comparecer ante el Congreso del Estado por la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Ignacio Peralta, y debido a los cuestionamientos de los diputados Luis Ladino, del Partido Acción Nacional (PAN), y Juana Andrés, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ramírez Vuelvas precisó que el robo de estos cheques afectaron una de las cuentas del Subsidio Piso, proveniente del gobierno federal en 2016, que se iba a utilizar para el pago del Centro Estatal de las Artes, que se pretendía que estuviera terminado al iniciar el 2017.

Añadió que ante la falta de estos recursos se comprometieron con los proveedores a los que se les adeudaba a que se les pagaría en el primer trimestre de 2017, por lo que se gestionó conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública y con la de Planeación y Finanzas para que la entidad bancaria les regresara el dinero, además de que se interpuso un denuncia ante la PGJE.

“Tratando de guardar el debido proceso del caso, por recomendación de la propia Procuraduría, porque en estos momentos el juicio está en proceso, no podría ahondar, pero les podría decir que ya hay un presunto responsable que está siguiendo el juicio pertinente y que no quisiera ahondar más en ello”, señaló el funcionario.

Asimismo, garantizó a los legisladores que es posible revisar los saldos de las cuentas bancarias, donde se podrá observar tanto el reintegro de los recursos, como los egresos para cubrir los pagos pendientes a los proveedores.

En otro tema, el mismo diputado panista le preguntó al secretario sobre dos trabajadores que, le habían informado, cubrían un mismo horario en esa dependencia y en la Universidad de Colima, y aunque aseguró que investigaría el tema, añadió que desde que se hizo el Decreto de Austeridad se revisó que no sucedieran cuestiones de este tipo, y argumentó que en todo caso se trataba de dos colaboradores suyos que, como él, metieron un permiso a la casa de estudios al incorporarse a la actual administración estatal.

Por su parte, Juana Andrés cuestionó al secretario de Cultura sobre el nulo avance de la remodelación de Palacio de Gobierno, el motivo por el cual se dejó de apoyar al Festival Colima de Cine y sobre por qué ya no se promueve la lectura a través del Mes Colimense del Libro; mientras que la diputada única de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, cuestionó sobre el proyecto de “La Campana”.

En el caso del Mes Colimense del Libro, mencionó que con el monto que se destinaba para éste, se logró apoyar otros dos festivales, uno es el caso del Festival Internacional de la Palabra, que apenas este año se realizó su primera edición; mientras que el otro fue el Encuentro de Cuento de Comala, realizado entre octubre y noviembre de 2016, aunque no precisó el monto invertido en ambos.

“Tanto el tema de Palacio de Gobierno como en el de ‘La Campana’, nosotros como Secretaria de Cultura tenemos la encomienda de gestionar los permisos de intervención de los espacios ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); en el caso del Palacio de Gobierno, esos permisos ya fueron liberados, fue posible gracias al proyecto arquitectónico que se presentó”, indicó.

Sin embargo, aclaró que en el tema presupuestal, a la dependencia estatal no le corresponde ejercer los recursos de ninguno de esos proyectos, pues no tiene las capacidades legales para ejercer un monto superior a los 2 millones de pesos en la obra pública en general y añadió que en el caso de “La Campana”, gestionaron ante el INAH que solo una parte pueda ser susceptible de construcción, permiso que ya les fue otorgado.

“Hemos sido muy cuidadosos y muy enfáticos en el cuidado del proyecto de que no atente contra el patrimonio de los colimenses, es decir, como lo mandata el propio INHA y las leyes de monumentos; si la intervención física del espacio atenta contra el inmueble de Palacio de Gobierno o contra la obra arqueológica de ‘La Campana’ estamos obligados a decirlo a quien esté diseñando el proyecto”, indicó.

Sobre el Festival Colima de Cine, ahondó que debido a que hubo una reducción de hasta el 75 por ciento en el presupuesto federal de este 2017, no se logró apoyar todas las actividades de animación cultural que se venían realizando, como era ese evento que organizaban en coordinación con la productora “Cinérgica”, a quien se le otorgaba 1 millón 700 mil pesos.

No obstante, aseveró que ante esa situación se generaron alianzas con otras instituciones que ya venían realizando algunas actividades y con lo cual se logró la realización de siete festivales y ferias de difusión de temas de medios audiovisuales, que aseguró, “sustituyen y mejoran los alcances del Festival Colima de Cine”.