El secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, aseguró que la propuesta de nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado de Colima, conviene a los trabajadores de la administración estatal al evitar que en el futuro se incurra en insolvencias y falta de pago de las mismas.

En entrevista con RadioLevy, el funcionario estatal dijo que la iniciativa del gobierno busca un esquema equilibrado en el que se mantenga una pensión digna para todos los trabajadores y se genera certidumbre de que el gobierno tendrá los recursos para pagar estas pensiones.

“Si no lo arreglamos nos va a perseguir la situación de no poder operar el gobierno en la siguiente generación y que suceda lo que pasa en otros estados, que el derecho que tiene el trabajador se estrella con la insolvencia del gobierno“, señaló.

“En realidad lo que hace es equilibrar la parte social y económica para que los intereses sean cubiertos para las próximas generaciones (…) Los trabajadores tendrían que ver lo que pasó en Baja California (donde se dio insolvencia en el pago de pensiones) y lo que pasó en Colima en la última parte del sexenio (anterior), que no se estaban cumpliendo a tiempo los salarios de los trabajadores activos”, agregó Meiners Tovar.

Asimismo, reconoció que la actual administración pudo haber encontrado la manera de asumir el crecimiento en el gasto corriente con el mismo esquema, y evitar cualquier costo político o desgaste con la clase trabajadora, pero dijo que nunca consideraron hacerlo porque el esquema propuesto es el que consideran responsable y que protege el interés de la mayoría de los colimenses, quienes con sus impuestos financian los salarios y pensiones de toda la administración pública estatal.

Incluso resaltó que con la nueva Ley no hay en lo inmediato un ahorro para el sexenio del gobernador Ignacio Peralta en cuanto el pago de pensiones.

“El beneficio económico es prácticamente nulo, es marginal, en la (propuesta de) reforma que se está mandando se tienen que destinar una gran cantidad de recursos (…) Es una cuestión de responsabilidad porque si no lo arreglamos en este momento nos va a perseguir esta situación de no poder operar el gobierno en las futuras administraciones”, indicó.

Por otro lado, resaltó que esta propuesta de nueva ley va de la mano con el reconocimiento de que en el pasado se retuvieron las contribuciones de los trabajadores y no se canalizaron a la Dirección de Pensiones.

“Nosotros aceptamos que heredamos un adeudo que el Gobierno del Estado tiene con la Dirección de Pensiones de las cuotas de los trabajadores que recaudaron y no enteraron a la Dirección de Pensiones. Eso no puede suceder, el dinero de los trabajadores debe de llegar a donde tenía que llegar. Además es un gran incumplimiento de la ley, es una Ley de Pensiones que jamás se aplicó”, dijo.

Edad mínima, antigüedad, base, tope y otras claves

Por otro lado, el funcionario estatal explicó que la antigüedad mínima para las generaciones actuales es de 30 años en el caso de los hombres y 28 para las mujeres, mientras que para las nuevas generaciones serán 35 años de antigüedad y Factor 86, es decir, la expectativa de vida al momento de jubilarse multiplicado por 0.86.

“El Factor 86, significa el 86 por ciento de la expectativa de vida, ahorita la expectativa de vida son 76 años, que multiplicados por .86 es 65 años (…) La base con la que se calcula la pensión es el 100 por ciento, más un escalafón arriba de tu último sueldo, un 92.5 por ciento en las nuevas generaciones y 97.5 en las generaciones actuales”, precisó.