Tras la aprobación de las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para aplicar la extinción de dominio a casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, Luis Hernández, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló que consideran bien visto que se hagan esfuerzos por mantener el estado de derecho en el país.

Explicó que en la ley se señala que la extinción de dominio se debe entender sobre la pérdida de derecho sobre todas las cosas materiales que no estén incluidas en un comercio,  ya sean muebles o inmuebles y todo aquel derecho real o personal, que sean susceptibles de apropiación. Por ejemplo, todo lo involucrado en el crimen organizado, puede ser sujeto a la extinción de dominio.

Esa misma ley se señala que en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, entre otros, procede la extinción de dominio, incluso aunque no se haya determinado la responsabilidad penal.

Señaló que la preocupación radica en la investigación, pues es que si no se realiza adecuadamente, pueden vulnerarse derechos humanos, como la presunción de la inocencia.

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