El coordinador de los diputados independientes, Nicolás Contreras Cortés, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado para que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) no pueda hacer públicos los nombres de quienes resulten con señalamientos en las auditorías que realiza.

Al presentar el documento, que no leyó en su totalidad y que fue enviado a comisiones para su análisis, Contreras Cortés recordó que en los resultados entregados en fechas pasadas por el Osafig se ventilaron nombres, muchos de ellos trabajadores de la educación, que dijo, “vieron manchado su honor ante la publicación en internet de sus nombres”, sin que esto implicara que realmente fueran culpables por ese presunto delito o anomalía.

“No estamos con esto defendiendo a los culpables (…) y estamos precisamente tratando de que no se manche el honor de mucha gente que en estos resultados salieron señalados y principalmente lastimados en su honor”, aclaró el también presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.

Actualmente el Artículo 36 establece que el Osafig “informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Hacienda, el estado que guarde la solventación de observaciones y acciones por parte de las entidades fiscalizadas” y que “dichos informes incluirán invariablemente los montos de los resarcimientos al erario derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones al desempeño”.

Y aunque también señala que la referida información “deberá publicarse en la página de internet del Órgano Superior”, en su propuesta los diputados independientes piden que se incluya en esa última disposición que la publicación debe hacerse suprimiéndose los nombres de las personas señaladas como presuntos responsables, así como los datos que las puedan hacer identificables.

Mandan a comisiones propuesta para disminuir requisito de edad a titular de Osafig

El diputado Adrián Orozco Neri proponía a su nombre y del grupo parlamentario del PRI, que se modificara el Artículo 82 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado para disminuir de 35 a 30 la edad mínima de quien sea nombrado titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), propuesta que finalmente fue enviada a comisiones para su análisis.

Explicó que mientras la Constitución establecía como requisito para nombrar a un auditor superior que debía tener una edad mínima de 30 años cumplidos al día de su designación y no más de 75 años, existía una evidente contradicción con lo señalado por la Ley Fiscalización, que tenía como mínimo 35 años.

“En ese tenor se considera conveniente reformar el referido artículo con la finalidad de homologarlo con lo señalado por nuestra Constitucional local, la cual tiene mayor jerarquía con la ley que se pretende reformar”, argumentó Orozco Neri, quien añadió que consideran pertinente reformar todo el contenido del Artículo 82 de la referida ley para homologarlo con lo señalado por el Artículo 117 de la Constitución local.

Si bien los iniciadores pedían que su propuesta se sometiera a votación en el momento de su presentación “por tratarse de un asunto con carácter de urgente” y porque consideraban que no ameritaba de mayor examen por tratarse de una homologación; tras un receso donde discutieron en lo corto con el resto de fuerzas políticas representadas en ese poder, Orozco Neri pidió enviar la iniciativa a comisiones en virtud de los acuerdos tomados.

Magaña propone que armas decomisadas sean reutilizadas para el combate a la inseguridad

El diputado priista, Héctor Magaña, propuso enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos para que las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea decomisadas, no sean destruidas y sean entregadas a instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y de los municipios que así lo soliciten.

En la exposición motivos de la iniciativa que fue enviada a comisiones para su análisis, Magaña Lara mencionó que de lograrse esa modificación al Artículo 88 de la referida legislación, se le abonaría a la mejora de las condiciones de seguridad, no sólo en el estado de Colima, sino en todo el país y recordó que el estado de Chihuahua ya hizo ese planteamiento al Congreso de la Unión.

Exhortan a Gaby Benavides y a Profepa sobre extracción de material pétreo en Manzanillo

Por mayoría, aprobaron también un exhorto para la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides y el delegado en Colima de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ciro Hurtado, para que revisen la extracción de material pétreo en ese municipio.

La propuesta, leída en tribuna por la diputada panista Edith Velázquez  a nombre de su compañera Martha Sosa que no asistió a la sesión y del resto de su bancada, exhorta a Benavides para que junto con su Dirección General de Desarrollo Urbano y de Ecología “implementen medidas urgentes de revisión, inspección, monitoreo y evaluación de las acciones de extracción de materiales pétreos que se están llevando a cabo en diferentes sedes” del municipio.

Precisó que la finalidad es averiguar si se está transgrediendo la legalidad, dañando al medio ambiente, incumpliendo con todas las obligaciones reglamentarias y legislativas al llevar a cabo estas acciones, además de si existe responsabilidad alguna para quienes las estén realizando o riesgos de deslaves o derrumbes, así como determinar la posibilidad de cesar la extracción.

En tanto que al delegado de la Profepa lo exhortan para que revise si existen riesgos o daños ambientales derivados de la extracción de los materiales mencionados que se ha estado dando en diversos cerros del municipio porteño.