El gobernador Ignacio Peralta Sánchez, los diez presidentes municipales y diversos funcionarios estatales firmaron este jueves (9) una iniciativa de Ley de Pensiones Civiles del Estado, la cual será enviada al Congreso local y en la cual se propone implementar cambios de manera gradual para los trabajadores en activo dependiendo su antigüedad y se mantienen sin cambios los beneficios de los empleados gubernamentales ya con derecho a jubilarse.

“Estoy seguro que esta iniciativa, así como ha sido bien recibida por la totalidad de los gobiernos municipales, también estoy seguro que vamos a encontrar el apoyo y la disposición tanto en los y las servidores públicos como en la sociedad en general y en la clase empresarial”, estimó.

De acuerdo al mandatario estatal, 25 de las 32 entidades federativas del país han reformado ya sus sistemas de pensiones y Colima es de las pocas que tienen ese rezago, pues su marco normativo data del año 1962 y su última reforma fue en 1970, por lo que se encuentra obsoleta, además de que no se aplica en realidad ni está pensionando a nadie.

Añadió que actualmente la Dirección de Pensiones lo único que hace es otorgar créditos a los trabajadores con base en los ahorros de los propios descuentos que se les generan en las nóminas y aseveró que prácticamente el 100 por ciento de los recursos que forman parte del fondo están colocados a través de los créditos.

“Por lo tanto las jubilaciones o las pensiones las estamos cubriendo las diferentes administraciones o entidades; en el caso del Gobierno del Estado es a través de recursos presupuestales como se están pagando (…) esta situación nos está generando una presión muy fuerte en las finanzas públicas“, indicó.

Expuso además que tan sólo este 2017 se destinaron 772 millones de pesos solamente del Gobierno del Estado para pagar las nóminas de jubilados o pensionados y estimó que de no implementarse esta reforma, esta cifra seguirá creciendo y estarán cada vez más limitando los recursos para otros rubros, como son seguridad pública, educación, salud, obra pública, e incluso comprometer el equilibrio financiero y llegar a un colapso de las finanzas públicas.

“Con esta reforma se busca tener viabilidad financiera de mediano y de largo plazo que no solamente genere equilibrios financieros para el Gobierno del Estado, sino que también se dé viabilidad a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores”, afirmó Peralta Sánchez.

Añadió que la clave de esta reforma de ley es que no exista una pensión para quienes no la necesitan, ni que exista una necesidad de pensión sin que esté debidamente atendida o que se no otorgue.

“Algo que debemos de dejar muy claro desde ahora, es que esta reforma no tiene ningún cambio para los actuales jubilados y pensionados, quienes ya estén en este momento jubilados o pensionados no sufren absolutamente ninguna alteración, su estatus jurídico y financiero es exactamente el mismo”, aclaró.

A decir del gobernador, el tema se le planteó al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como a la Federación de Sindicatos, con quienes se buscó un consenso, además de que aseveró, muchas de sus sugerencias y peticiones fueron consideradas en la iniciativa.

En su oportunidad, el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners, recordó que en 1997 el Gobierno del Estado destinaba aproximadamente 30 millones de pesos al pago de pensiones, cantidad que subió a 90 millones en el 2003 y estimó que “muy pronto” esa cantidad estará por arriba de los mil millones y podría seguir aumentando con el paso del tiempo.

Puntualizó que previo a elaboración de la iniciativa, se contrató a Francisco Aguirre, considerado el actuario con mayor experiencia y prestigio en el país, y posteriormente se estudiaron todas las alternativas de solución.

“Esta iniciativa contempla como sujetos obligados a los tres poderes del estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como a los diez municipios y a todos los organismos autónomos, exceptuando la Universidad de Colima, quien ya tiene su propio sistema de pensiones reformado”, refirió el funcionario estatal.

Por su parte, el alcalde capitalino, Héctor Insúa, a nombre de los demás presidentes municipales, hizo un reconocimiento al esfuerzo realizado por el gobernador para asumir el reto de llevar a cabo esa reforma, pues consideró que su impacto y beneficio se verán reflejados hasta en las siguientes generaciones.

Finalmente, hizo votos para que esa iniciativa “marque el inicio de un proceso de reformas estructurales que permitan crecer la capacidad financiera, no solamente del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales, sino también sentar las bases de un proceso de transformación en términos institucionales que permita dar mejores resultados a la población”.

En la firma del documento también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega, y la directora de Pensiones, Susana Romero, así como el consejero jurídico, Andrés García Noriega, y faltó la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, quien de acuerdo al gobernador ya había signado la iniciativa previamente porque tenía un compromiso en la Ciudad de México.