El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada emitió un comunicado donde le da respuesta a cinco dichos del alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla, que consideran incorrectos o bien, falsos, en relación con temas como el cuidado del medio ambiente, la corrupción, el pago de impuestos y el Fondo Minero.

A continuación te presentamos la confrontación entre cada una de las partes:

 1. Señalamientos sobre impacto ambiental en 400 hectáreas  

El alcalde de Minatitlán manifestó que denunciará ante las instancias federales encargadas del cuidado del medio ambiente sobre los daños que ha ocasionado el consorcio minero Peña Colorada en su municipio, específicamente sobre el impacto ambiental generado en 400 hectáreas.

Al respecto, la empresa explicó que el plan de minado para los próximos 15 años requiere un impacto gradual, dentro de la propiedad de Peña Colorada, por hasta 128 hectáreas en ese periodo, y a partir del tercer año de arranque de las actividades mineras, progresivamente se iniciarán las actividades de reforestación de la misma cantidad de hectáreas.

“De igual manera, para colaborar en la preservación de suelos forestales, Peña Colorada conserva voluntariamente desde hace tres años más de mil 200 hectáreas de suelos forestales en Minatitlán y Manzanillo, financiando y participando directamente en la conservación de esta superficie mediante el programa de Pago por Servicios Ambientales por Fondos Concurrentes de la Conafor“, explica.

 2. Adeudo del predial en Minatitlán  

En junio del año en curso, el Mancilla destacó en entrevista con RadioLevy, la necesidad de que el Congreso del Estado realice las modificaciones necesarias a las leyes estatales que contemplan los temas relacionados con las tablas de valores para calcular el impuesto predial y que de esa manera su municipio “pueda cobrar lo justo a las empresas establecidas en esta demarcación y al resto de los contribuyentes”.

Al respecto, Peña Colorada explicó que se encuentra al corriente del pago de todas sus obligaciones fiscales, pero también afirmó que no se dejará presionar y rechaza las exigencias de un pago predial adicional exclusivo para la empresa basado en los ingresos de la misma, lo cual no está contemplado en la ley.

 3. Fondo Minero  

El alcalde de Minatitlán acusó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de la República de estarle “chingando” —es decir, robando— a este municipio 13.3 millones de pesos del Fondo Minero de 2015 y adelantó que acudirá a las oficinas centrales de ambas dependencias en la capital mexicana para pedir explicaciones y para apresurar la entrega de los recursos de 2016 del referido fondo.

En ese sentido, el consorcio explicó que anualmente paga el impuesto minero federal, de donde se derivan recursos para el Ayuntamiento de Minatitlán por un monto que oscila los 15 millones de pesos anuales en promedio, y que puede ejercer principalmente en obras de infraestructura. En este momento, el Fondo Minero para Minatitlán cuenta con al menos 30 millones de pesos sin ejercer, derivados de los ejercicios 2015 y 2016de acuerdo a Peña Colorada.

 4. Valor económico de un nuevo yacimiento  

Peña Colorada niega que existan nuevos yacimientos que representen miles de millones de dólares, como se ha informado de manera irresponsable a la opinión pública y medios de comunicación.

Las reservas de mineral de hierro remanentes en la propiedad privada de esta empresa en Colima son de baja ley, sin embargo, una operación industrial, una mano de obra calificada, una privilegiada ubicación geográfica y una infraestructura adecuada se conjugan para generar un producto de alto valor agregado a costo competitivo para abastecer la cadena siderúrgica nacional.

 5. Corrupción 

Finalmente, Peña Colorada niega categóricamente cualquier práctica indebida de negocios y/o en su relación con algún funcionario de los tres órdenes de gobierno. Remarca que implementa una Política de Conducta Empresarial apegada a estándares internacionales que regula la transparencia en el manejo de recursos, fomenta las prácticas anticorrupción y regula la relación con funcionarios públicos.