Dentro de la auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y hasta agosto de 2015 de la administración encabezada por Mario Anguiano, el Osafig propone sanciones para diversos exfuncionarios entre los que destacan Rigoberto Salazar, extitular de la Sedescol, Clemente Mendoza y Jesús Orozco, exsecretarios de Administración y Finanzas, así como a Gustavo Allen Ursúa, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y al mismo exgobernador, cuya multa excedería los 38 millones de pesos.

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Varios de los exfuncionarios que se proponen sancionar en el informe, no habían sido mencionados en auditorías pasadas del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), aunque el  exmandatario, su última secretaria de Administración y Finanzas, Blanca Isabel Ávalos, y el exsecretario general de Gobierno y de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, vuelven a aparecer con propuestas de sanciones económicas e inhabilitaciones.

A continuación, te enlistamos algunas de las sanciones e irregularidades que encontró el ente auditor en esta nueva revisión:

 Mario Anguiano, exgobernador de Colima: 

Inhabilitación por 14 años para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por la generación de actos y omisiones en la vigilancia de la recepción, custodia, administración y aplicación de las donaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), de Asfalto AC-20, gasolina, y diésel, para obras y suministro del parque vehicular y maquinaria de administración pública estatal

– Una sanción económica por 38 millones 570 mil 170 pesos por las acciones y omisiones observadas durante el periodo de gestión pública en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.

 Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario general de Gobierno y de Fomento Económico: 

Sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por 3 años, por omitir abstenerse de participar con las empresas Estaciones de servicios 12116 Servicio Comercial del Centro SA de CV y 116642 Servicio Pereyra SA de CV de las que tiene relación familiar primer grado en línea directa.

Sanción económica por 7 millones 406 mil 798 pesos, por la recepción y custodia de combustible donado, sin acreditarse la ejecución de éste por parte del Gobierno del Estado.

 Blanca Isabel Ávalos, exsecretaria de Administración y Finanzas:  

– Sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por 3 años, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de atribuciones correspondientes a su cargo.

– Sanción administrativa, consistente en una amonestación pública por realizar pagos en demasía al Convenio de Apoyo Financiero CENDI.

 Jesús Orozco, exsecretario de Administración y Finanzas 

Sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por 3 años, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de sus atribuciones correspondientes a su cargo.

Sanción económica por 1 millón 096 mil pesos por autorizar la contratación del curso de capacitación bajo los programas de SUBSEMUN 2013 del cual no se presentó evidencia suficiente y relevante que acredite el buen manejo de los recursos del programa.

 Celemente Mendoza exsecretario de Administración y Finanzas: 

– Sanción económica por 42 millones 753 mil 893.97 pesos

Sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por 3 años, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de atribuciones correspondientes a su cargo.

 Rigoberto Salazar, exsecretario de Desarrollo Social:  

– Sanción económica por 1 millón 80 mil pesos por autorizar el pago de mil 600 paquetes de gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública.

Amonestación Pública.

 Gustavo Allen Ursúa, exsecretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública: 

– Sanción económica por 6 millones 833 mil 397.60 pesos por autorizar pagos por concepto de mantenimiento anual tipo platino a la infraestructura de la Red Estatal de Telecomunicaciones TETRAPOL del Estado de Colima, correspondientes al contrato SESESP-011-2013, sin exhibir evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite haber aplicado los recursos en los fines a que estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública.

Cabe destacar que Ursúa aparece con propuestas de sanciones y amonestaciones públicas al menos una decena de veces en el documento.

 Rogelio Rueda, exsecretario general de Gobierno: 

Amonestación pública, por exceptuar injustificadamente el procedimiento de licitación pública para la compra del equipo de cómputo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en razón de que el monto total del contrato rebasó el límite de los 11,150 salarios mínimos vigentes en 2014 para llevar a cabo invitación a cuando menos tres personas

Dentro de la revisión también se proponen sanciones para personas morales por irregularidades en la recepción de recursos.

La auditoría excepcional fue entregada al Congreso local este viernes (21) por el titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Armando Zamora.