La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reponer el procedimiento de las personas procesadas o sentenciadas de 2012 a la fecha por delitos contra la salud, trata de personas, secuestro y secuestro exprés, en los estados de Coahuila y Colima.

Lo anterior porque invalidó las reformas realizadas a sus códigos penales con las que se pretendió castigar con más rigor a los delincuentes.

El Pleno de la Corte determinó que los diputados locales están impedidos para legislar en materia de delitos contra la salud, secuestro y trata de personas, y no pueden establecer castigos superiores a los que aprobó el Congreso de la Unión.

A las legislaturas locales corresponde únicamente perseguir, procesar y castigar estos delitos, por lo que deberán ajustar sus leyes a lo establecido por el Poder Legislativo Federal.

El fallo derivó porque la Procuraduría General de la República (PGR) promovió controversias constitucionales contra los poderes legislativo y ejecutivo de ambos estados, demandando la invalidez de las reformas a sus códigos penales.

En el caso de Coahuila, se invalidaron los artículos 401, 402, 403, 404 y 405, del código penal de esa entidad.

Dichos artículos forman parte del Título Cuarto Delitos contra la Salud, donde en su capítulo primero se habla del comercio, suministro y posesión de narcóticos en su modalidad de narcomenudeo.

En estos se menciona que se aplicará prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 400 días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos; “cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquella fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a 15 años de prisión”, se añade.

Los ministros también declararon la invalidez de los artículos 406, 407, 408 y 409 referentes a las disposiciones comunes a los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Respecto a Colima, la Corte declaró inconstitucional el artículo 10 del código penal, el cual fue reformado a través de un decreto el 22 de septiembre de 2012, en las porciones normativas que indican trata de personas previsto en el artículo 161, secuestro (artículo 199), así como secuestro exprés.

A la Corte sólo le hace falta revisar una controversia constitucional promovida por la PGR contra Veracruz, en la que se pide anular 25 artículos de la Ley número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en esa entidad, la cual fue publicada hasta el 21 de marzo del presente año.

Cabe mencionar que en mayo del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reponer el procedimiento de las personas que fueron llevadas a juicio o sentenciadas por delitos de secuestro en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, y por trata de personas, en Colima, a partir del 15 de julio de 2011 a la fecha.

 

Con información de Milenio