Francisco Miguel Aguirre, quien realizó los estudios actuariales en que se basó la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones Civiles enviada al Congreso del Estado por el Ejecutivo estatal, consideró que los líderes sindicales no han interpretado bien dicha propuesta, y aseveró que todas sus dudas tienen respuesta.

Lo anterior lo manifestó el actuario al participar en la mesas de trabajo que organizó la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para analizar la referida propuesta de reforma, a la cual estuvieron como asistentes los representantes de cámaras empresariales, organizaciones civiles, universidades y otras instituciones.

“Me di cuenta durante los posicionamientos de los líderes sindicales que no la han interpretado bien (…) todos los cuestionamientos que pude escuchar tienen respuesta; a mí me gustaría, si me lo permiten los legisladores, explicarles con calma algún día cuál es la respuesta a cada uno de esos cuestionamientos, todos tienen una razón económica, social o jurídica”, indicó.

También dijo que si a pesar de las múltiples reuniones que tuvieron con los líderes sindicales, no ha quedado clara la intención de la ley, estaría en la disposición para resolver todas las dudas, incluso al Gobierno del Estado y los legisladores.

De acuerdo al actuario, en el tema de pensiones deben considerar tres aspectos, que son el político, el social y el económico, y advirtió que en una reforma estos deben equilibrarse, toda vez que si se le da más peso a uno de ellos que a los demás, los otros dos pueden generar crisis.

“Evidentemente el gobernante y los líderes sindicales, deben asumir la responsabilidad que les asignaron sus representantes, deben tomar decisiones, ni modo, para eso están”, resaltó.

Y consideró que los trabajadores y los patrones deben ser aliados en una reforma de seguridad social, aspecto que desde su punto de vista están haciendo mal ambas partes por negociar una reforma a la seguridad social cuando ese aspecto no debe negociarse, sino que se construye entre todos.

Destacó también que Colima es uno de los muy pocos estados que no ha reformado su Sistema de Pensiones desde hace 50 años y dijo que le consta que no lo ha hecho por cuestiones políticas.

“Si Colima hubiera hecho su reforma hace 20 años que nosotros diagnosticamos el problema, las modificaciones necesarias hubieran sido muy pequeñas; entre más avanza el tiempo, más drásticas tienen que ser las modificaciones. Entre más se tarden, más difícil va a ser y el costo va a seguir aumentando” advirtió.

Finalmente, aseveró que Colima actualmente es el estado que más gasta en pensiones de servidores públicos como porcentaje de su Presupuesto de Egresos que el resto de las entidades, gasto que, según estimó, seguirá creciendo si no se hace esa reforma, lo que implica un riesgo financiero que se va a traducir en un riesgo social “porque no va haber dinero que alcance

“Yo espero sinceramente que las partes, incluyendo a los legisladores, lleguen en el tiempo que ustedes y los trabajadores consideren razonable a un acuerdo que garantice que los trabajadores van a obtener una pensión y para eso hay que tener recursos; seguridad sin sustento económico es demagogia, tienen que llegar a un acuerdo; Colima y sus trabajadores públicos se lo merecen”, concluyó.

A continuación te dejamos parte de las posturas de algunos de los participantes de esta mesa de trabajo:

Sabino Hermilo Flores, presidente de la CDHE

“Solicitamos incorporar al análisis y discusión de la citada iniciativa particularmente el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales que se encuentran contemplados en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

“La aplicación de este principio en el ámbito de los derechos sociales resulta ineludible pues constituyen derechos fundamentales”.

Francisco Rodríguez, síndico del Ayutamiento de Colima

“La iniciativa (…) fue inspirada desde una visión de rescate financiero del Gobierno del Estado y no en beneficio de los trabajadores ni los municipios. Es una reforma patronal y no laboral. Tampoco ofrece la sustentabilidad financiera que el sistema de pensiones requiere. Si la legislatura no la modifica sustantivamente (…) será un parche más, como los mil que existen en el país.

“La reforma atenta contra el principio de progresividad en los derechos laborales de los trabajadores. Es regresiva porque les pide que trabajen más años, que aporten más cuotas y que se jubilen con menos pensión”.

Mara Íñiguez Méndez, Canaco

“(Se debe) asegurar la creación de un fondo real con sustento legal y financiero al pago de pensiones de todos los trabajadores actuales y futuros del estado y los municipios. Es imprescindible que dicho fondo sea manejado con total apertura y pulcritud financiera y con los más altos estándares de transparencia y eficiencia económica, comprobable y verificable por la sociedad colimense”.

José Zarco, ¿Cómo Vamos Colima?

“La iniciativa presentada si bien pudiera no ser perfecta, cumple con lograr avances significativos en la dirección indicada por lo que nos parece un muy buen primer paso, tengan la seguridad que los ciudadanos estaremos muy pendientes de la responsabilidad con que se analicen, enriquezcan y dictaminen esta iniciativa”.

Sergio Ochoa Rodríguez, Canirac

“Invitamos a los principales involucrados, al gobierno y a los trabajadores a flexibilizar las posturas en beneficio de los trabajadores, del estado y sobre todo de sus ciudadanos, para poder lograr acuerdos sólidos, benéficos para ambas partes y en un ambiente de respeto mutuo”.

Kristian Meiners, secretario de Administración y Gestión Pública

“Esta administración no tiene ninguna intención de perjudicar el interés de los trabajadores (…) lo que queremos es proteger esa viabilidad financiera para que tengan la certeza los jubilados y pensionados de hoy y las generaciones de activos y de nuevos trabajadores para que cuenten con ese recurso cuando lo necesiten”.

Mayrén Polanco, presidenta del Colegio de Economistas del Estado

“Espero que la suma de opiniones técnicas, consensos y voces de los diferentes actores implicados en los efectos de esta ley (…) permitan entregar a la sociedad colimense un instrumento legislativo, integral, moderno, pero sobre todo, útil para el desarrollo económico y social de la entidad”.

Alejandro Camarena, integrante del Colegio de Contadores del Estado

“La iniciativa de ley que se está proponiendo, contempla todos los aspectos importantes para que se considere una ley justa, equitativa y de gran provecho financiero. El que la presente propuesta de ley quede solo en el tintero sería lamentable por los beneficios económicos, certidumbre jurídica y financiera que generaría para el estado y para los municipios”.