La Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, dio a conocer este lunes (11) que desde el pasado 6 de septiembre interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), en contra del gobierno estatal por discriminarlos al no incrementar sus pensiones cada año como lo hace con jubilados sindicalizados.

Miguel Ceballos Valencia, secretario general de la agrupación, acompañado de María de los Ángeles Sánchez Aguirre, presidenta de la misma, acudieron este lunes al Congreso del Estado para informar a los medios de comunicación sobre ese recurso interpuesto la semana pasada.

“Ante la escasa atención que hemos tenido a nuestras demandas de parte de las autoridades administrativa y legislativas, el miércoles pasado presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación, ya que tenemos un trato distinto como jubilados y pensionados que venimos de empleos de confianza con respecto a los que vienen de empleos sindicalizados”, precisó.

Dijo además que esa discriminación radica en que desde hace siete años no se les ha incrementado el monto de sus pensiones cuando a los extrabajadores sindicalizados se les incrementa al menos lo relativo a la inflación de cada año por lo que estiman que hasta el momento han perdido entre un 40 y un 50 por ciento del valor adquisitivo de sus pensiones, situación que afecta a más de 600 personas.

Mencionó que los más afectados son los expolicías que tienen pensiones que no llegan ni a los 6 mil pesos mensuales, lo que significa que llevan seis años o más recibiendo 200 pesos diarios, los cuales no les han sido incrementados desde entonces.

De acuerdo a Ceballos Valencia la justificación que les ha dado el Gobierno del Estado para no incrementar sus pensiones es que no hay recursos, sin embargo reconoció que al menos este martes (12) tienen programada ya una reunión con el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, de quien esperan que les dé una respuesta favorable.

Mencionó que además han interpuesto ya cerca de 40 demandas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y las primeras fueron presentadas en febrero del presente año, donde se exige que se les pague todas las prestaciones e incrementos que les han pagado a los jubilados y pensionados sindicalizados de cinco años atrás.

Finalmente se quejó de que dicho órgano, presidido por el magistrado Germán Iglesias no procura una justicia pronta y expedita como marca la Constitución Política sino que se buscan prácticas dilatorias para alargar los procesos y advirtió que en el caso de la queja ante la CDHEC, de no derivar en una recomendación recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.