El exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gustavo Allen Ursúa, acudió a la audiencia que le programó la Comisión de Responsabilidades este miércoles (6), para defenderse de la presunta irregularidad que se le imputa de la revisión de la cuenta pública de 2015 del Gobierno del Estado.

Tras ser atendido por los abogados de la referida comisión y por el presidente de la misma, el diputado panista Riult Rivera, Ursúa lamentó que no todos los legisladores que la integran hubieran estado presentes en la audiencia.

“Entregué a la Comisión de Responsabilidades los alegatos para desvirtuar un señalamiento que tengo derivado de la cuenta pública 2015, relacionado con la compra de un servidor para la Unidad Estatal del Combate al Secuestro”, expuso el exfuncionario.

Añadió que la referida compra en la que se hizo el señalamiento se hizo total y absolutamente apegada a la ley correspondiente, misma que “también fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación” y aprobada por dicha institución.

Indicó que el servidor adquirido se compró para almacenar datos sobre las estrategias del combate al secuestro, “sobre aspectos muy importantes” y dijo que el extitular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), Armando Zamora, “de manera dolosa hizo ver como que se había hecho una compra directa” cuando aseguró, “fue por invitación a cuando menos tres personas”.

“Lo que me imponen por esta sanción no es que regrese el millón 398 mil pesos sino una amonestación pública; pero no importa que sea amonestación pública, no me voy a quedar con absolutamente nada que no me corresponda, así sea amonestación pública estoy acudiendo, estoy dando la cara y estoy presentándome”, comentó.

De acuerdo al exfuncionario, las pruebas documentales que presentó consisten en la autorización por parte de la ASF de que se podía comprar el servidor, el acta del Comité de Compras que estaba integrado incluso por el Consejo Ciudadano, así como lo que marca la ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.

“Y entregué también los alegatos en los que estoy mencionando que quienes son competentes para revisar las cuentas de seguridad por ser federales es la Auditoría Superior de la Federación”, añadió Ursúa, quien advirtió que en caso de que con lo presentado no le quiten la amonestación, continuará con su defensa en las instancias que sean necesarias.

“Desde luego que hicieron muy mal las cosas desde el origen, porque (…) solicitaron documentales al ente público quien está en mi lugar y de acuerdo los documentales que obtuvieron emitieron un juicio, esto el Osafig lo hizo (…) de mala fe, de manera dolosa y en total contubernio con la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado”, insistió.