El exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gustavo Allen Ursúa, quien llevó la defensa del exgobernador Mario Anguiano durante un tiempo debido a las denuncias presentadas en su contra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró que el exmandatario siempre actuó apegado a la ley durante su administración, además de que anunció que demandará al Osafig.

Ursúa reconoció que en un momento, su despacho defendió al exmandatario y aunque no precisó en qué periodo lo hizo, argumentó que dados los compromisos que tiene en la Ciudad de México, no pudo seguir atendiendo el asunto.

“Yo tuve la oportunidad de estar con ocho gobernadores diferentes, unos con periodos chiquitos y otros más largos, yo no vi ningún gobernador, y fíjate que estuve cerca, yo no vi a ningún gobernador que se sentara a hacer una reunión a ver cómo nos iba a ir mal en Colima; que actuara de manera ilegal o arbitraria yo no vi a ninguno, incluyendo al licenciado Mario Anguiano”, indicó.

—¿Dentro del tiempo que llevaste el caso de Mario Anguiano, lo consideras inocente de lo que se le está imputando?

“Todas las evidencias que se manejaron así es como se señala, ¿no? Que la actuación del mandatario estuvo apegada a la ley siempre”.

Demandará al Osafig por daño moral por señalamientos en auditorías

El exfuncionario estatal declaró lo anterior durante la rueda de prensa a la que convocó para anunciar que demandará por daño moral al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), al incluirlo en los señalamientos por presuntas irregularidades en la auditoría excepcional realizada al gobierno de Mario Anguiano durante los años 2013, 2014 y 2015, donde se plantea que regrese en total 34 millones pesos.

“En el informe de revisión de situación excepcional señala inconsistencias en lo que respecta al área que yo estuve trabajando (…) trece observaciones en las que da por hecho que los trabajos que están señalados ahí no se realizaron y por ende se presume un daño a la hacienda pública, esto es total y absolutamente falso”, se defendió el exfuncionario.

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Dijo además que en el tiempo que estuvo al frente de esa área “los recursos de seguridad en el estado de Colima se ejercieron peso a peso“, y recordó que los recursos de seguridad por ser federales son auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ursúa aseveró que cuenta con los documentos que acreditan que mientras el Osafig señaló irregularidades, la ASF no lo hizo en cada una de las acciones y dijo que además de haber entregado ya toda esa información a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que tiene pendiente la entrega del dictamen sobre el tema, por lo que espera que haya sido tomada en cuenta.

Entre los ejemplos que expuso, uno tiene que ver la observación 22.9.7 del informe de resultados del Osafig, relacionado con adquisición de un servicio y suministro de dos Conmutadores para el Centro Estatal de Seguridad y Emergencia de Colima y Manzanillo por un monto de 3 millones 999.95 pesos, con la empresa HS Colima S.A. de C.V.

Recordó que en dicha observación el Osafig determinó que “no se había comprobado la real y efectiva prestación de los servicios pagados por el Gobierno del Estado”, por lo tanto le propone que debe regresar esos recursos.

A su favor, Ursúa mostró tanto una copia del departamento de Registro Electrónico Patrimonial del Resguardo Colectivo de la Dirección de Bienes Patrimoniales donde aparece ese equipo, así como una copia del oficio de la ASF donde se señala que esa misma adquisición no obtuvo ninguna observación y asegura que ambos conmutadores actualmente están dando el servicio del teléfono de emergencias.

“No alega uno el que hayan revisado, lo que afecta es que hayan revisado mal, entonces la Auditoría Superior de la Federación hizo su revisión integral y el órgano de auditoría local lo hizo en mucho menos muestreo (…) entonces no coincide una cosa con otra”, se quejó.

“La actuación del Osafig me parecía dolosa. ¿En qué sustento esta apreciación? (…) Todos estos elementos que les he mostrado los tuvo en su momento el Osafig al hacer su auditoría; la única razón que yo encuentro para exigir sanciones como las que indica (…) ante acciones que están totalmente comprobadas y operando (…) auditadas y validadas por la ASF es que actúa con principios que se alejan de la ética profesional, como debería de ser”, añadió.

Pero también consideró que los criterios que aplicó el titular del Osafig, Armando Zamora, al realizar dichas auditorías fueron bajo “los intereses que siguen algunos actores políticos partidistas que buscan ante cualquier circunstancia crecer o legitimarse políticamente”.

Y aunque no dio nombres pese a que se le preguntaron, más adelante destacó que una vez que arrancó la campaña electoral de 2015 los actores políticos panistas comenzaron a utilizar el tema de las auditorías como una bandera.

Reconoció que para emprender una acción legal se necesita tener constancia certificada y con fedatarios públicos, por lo que ya estaba haciendo recorridos por los sitios para que un fedatario público constatara la existencia de los equipos en donde le señalan que no existen.

Cuestionado de si había una cacería de brujas contra la pasada administración, respondió que lo que él ve es que lamentablemente un titular de un órgano tan delicado y tan importante como es el Osafig “se preste para hacer cuestiones que no van apegadas a la ley”.

Por último adelantó que próximamente subirá toda la información recabada y que contrasta los resultados de esa auditoría con los de la ASF a su página web para que la gente pueda comprobar que esos recursos sí fueron aplicados.