El exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gustavo Allen Ursúa, acudió la mañana de este lunes (13) a la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Colima para denunciar penalmente al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), Carlos Armando Zamora, así como a diversos diputados locales.

Ursúa, señalado por el Osafig por presuntas irregularidades en la auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y hasta agosto del 2015 del sexenio del exgobernador Mario Anguiano Moreno, indicó que su denuncia fue “por la presunta comisión de conductas presumiblemente constitutivas de delito, como serían las concernientes al ejercicio indebido de un servicio público y la usurpación de funciones”.

Lo anterior dijo, “al pretender ejercer dichos servidores públicos atribuciones que son de la exclusiva competencia de la Cámara de Diputados del Congreso General, como lo es el dictamen de la cuenta pública del gasto federal”.

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Si bien el exfuncionario se abstuvo de dar los nombres de los denunciados, argumentando el derecho de estos a la presunción de inocencia, en su última rueda de prensa mencionó que iría en contra de los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por desestimar los documentos que les había presentado previo a la elaboración del dictamen que contenía las propuestas de sanción en su contra y de otros exfuncionarios, el cual fue aprobado el pasado 24 de octubre.

“Me abstengo y me abstendré de mencionar los nombres de los por mi denunciados, a efecto de respetar su derecho a la presunción de inocencia que, según las más recientes criterios jurisprudenciales, son aplicables lo mismo a la materia penal que en lo concerniente o toda eventual indagatoria pública”, puntualizó.

Quienes integran la referida Comisión son los diputados priistas Santiago Chávez como presidente y Federico Rangel, vocal; los panistas Julia Jiménez y Riult Rivera, secretaria y vocal, respectivamente; así como el independiente Nicolás Contreras, quien también es secretario.

Recordó que el pasado 7 de noviembre, acompañado del abogado constitucionalista Atilio Alberto Peralta Merino, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso General una demanda de juicio político contra los mismos denunciados ante la PGR, así como contra quien resulte responsable.

“Ellos han tenido una actuación inquisitoria, han realizado una auténtica cacería de brujas; han actuado con dolo y mala fe al ventilar públicamente mi nombre al margen de las atribuciones que les son asignadas por la ley, incurriendo en consecuencia en responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles que me apresto a hacer valer por medio de los cauces que al efecto se fijen en la legislación vigente”, señaló.

Mencionó que además está pendiente de resolución un amparo que solicitó, en el que busca hacer valer la consignación del denominado “Pacto de San José” por el derecho que, asegura, le asiste de “gozar de un buen nombre”, como uno de los rubros contemplados en “los Derechos de la Personalidad”.

En relación a la demanda de juicio político, ante la Cámara de Diputados federal, dijo que ese órgano ya le dio entrada y estaba esperando que entre este martes (13) y el miércoles (15) lo cite para presentarse a ratificarla y entregar los documentos con los que comprueba que las cuentas públicas que ejerció fueron aprobadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).