El titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners, adelantó que ya está lista la propuesta para reformar la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Colima que entregará al Congreso del Estado en los próximos días.

Al comparecer este martes (7) ante los diputados locales por la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Ignacio Peralta, dijo que el Sistema de Pensiones “enfrenta un gran reto económico y social”, pues actualmente se destina el equivalente al 38 por ciento de la nómina de personal activo a ese rubro y representa un pasivo contingente de 34 mil millones de pesos.

Añadió que con el compromiso de sanear las finanzas públicas y promover una reforma a dicho Sistema para darle viabilidad financiera, por primera vez se contrataron los servicios actuariales de un despacho certificado para la realización de un estudio especializado al sistema estatal, así como a los diez municipios de la entidad.

“Con el fin de sentar las bases para construir la primera reforma a la Ley de Pensiones, que no se han modificado desde su creación en 1962, y así garantizar a la clase trabajadora la recepción de una pensión o jubilación en el momento en que la necesite”, afirmó.

Pero también refirió que con dichos estudios actuariales se da cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se mejora la calificación crediticia del estado de Colima.

“Esta reforma de Pensiones está lista para que el gobernador mande la iniciativa al Congreso del Estado y ustedes le hagan un análisis minucioso para que puedan ustedes con ese análisis definir cuál es la mejor alternativa de solución a este grave problema”, puntualizó.

Indicó que tras el estudio actuarial, en el presente año se trabajó para tener una solución en lo económico en lo social, en lo legal y en lo político, pues reconoció que se trata de un proyecto de ley que tiene que abarcar los esos cuatro conceptos de forma equilibrada.

“Efectivamente es un ejercicio de responsabilidad del ejecutivo de los trabajadores y del Congreso el que hagamos este análisis con total objetividad, y si bien los números son fríos están destinados a un concepto muy cálido que es hacerse cargo de la pensión de aquellos trabajadores que ya no pueden tener ese ingreso”, añadió.

Ahondó que dicha propuesta está balanceada y seguirá en lo social atendiendo las pensiones de manera digna, con pensiones que realmente les den una solución y un sustento de vida a aquellas personas que ya no estarán trabajando.

“Queremos que las condiciones que se establezcan en la ley para los trabajadores sean idénticas; las entidades que participen en este potencial Instituto de Pensiones deberán de aportar de manera diferenciada porque tienen una situación específica diferente en la cantidad de trabajadores”, puntualizó.

Ante el cuestionamiento de la diputada Martha Sosa, del Partido Acción Nacional (PAN), el funcionario estatal negó que dicha iniciativa se haya hecho de manera unilateral, sino que se ha venido discutiendo y buscando el consenso con los líderes sindicales de las diversas agrupaciones de trabajadores.

A la pregunta que le hicieron la legisladora Leticia Zepeda, de Movimiento Ciudadano, y el independiente Nicolás Contreras sobre las obras que se realizarían con los recursos de la venta del avión, aseguró que ya se rehabilitaron 80 espacios deportivos en los diez municipios con un costo superior a los 20 millones de pesos, equivalente a la mitad de lo obtenido por la venta.

“Lo que hace falta es la clínica oftalmológica (…) la otra mitad se guardó para que con una gestión de la Secretaría de Salud a nivel Federación se pudiera contar con otro tanto de esa aportación (…) para completar la clínica”, precisó Meiners.

Agregó que si no se ha iniciado con el proyecto de la clínica es para evitar que se pueda quedar a medias y adelantó que en dado caso de que no se logre la gestión, ya el mandatario estatal dirá a qué se destina ese recurso disponible.

En el tema de los 488 trabajadores que buscan sindicalizarse, que le fue cuestionado por los diputados Contreras y Eusebio Mesina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el secretario reconoció que de aceptar la sindicalización de la totalidad de propuestas, inicialmente no se generaría un costo para el estado, pero que en 2019 costaría 35 millones de pesos.

“Lo que creemos es de que para evitar conflictos lo principal es hacer el diálogo, estamos obviamente en la mejor disposición, ya hemos platicado con el líder sindical para juntarnos a analizar (…) caso por caso, porque puede haber diferentes interpretaciones respecto de lo que dice la Ley, de lo que tiene que ser un trabajador de confianza y un trabajador de base”, comentó.