En el foro de seguridad y corrupción realizado este viernes (8), dentro de la Expo-Simposium Empresarial de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) de Colima, los empresarios pidieron al presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, el diputado Nicolás Contreras y al procurador de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco, hacer lo necesario para terminar con esas problemáticas en la entidad.

Mario Moncada, presidente estatal de Coparmex, dijo que la demanda social es la creación de herramientas para que las use la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues ante la falta de estas, es la sociedad la que queda en medio de la problemática de la inseguridad que vive la entidad y recordó que el tema del simposium era precisamente el buscar un mejor Colima hacia el futuro.

“Vamos a ponemos de acuerdo para sacar muy rápido el sistema local anticorrupción, necesitamos darle por decirlo de una manera, dientes a la procuraduría para atacar el tema de corrupción, que si tenemos esa herramienta y la utilizamos bien, el hecho de empezar a tomar casos de éxito demostrados para sancionar la corrupción, seguramente se va a empezar a disuadir”, añadió.

En ese sentido cuestionó a Nicolás Contreras, quien también es presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Poder Legislativo, cuándo sería posible contar con la creación  de herramientas como la Fiscalía Especializada para combatir la corrupción.

“El asunto de la procuración de justicia sí efectivamente es un asunto de percepción y de que tenemos comportamientos sociales muy complicados (…) sin embargo también tomo los comentarios de Nicolás (Contreras) en (cuanto a la necesidad de) la capacitación y equipamiento de nuestros policías. Nosotros lo vemos como la responsabilidad primaria, de nuestras autoridades y nuestros gobernantes garantizarnos la seguridad”, resaltó.

Mencionó que si bien se toma mucho en cuenta el homicidio doloso como parte del fenómeno de la inseguridad, consideró que lo más caro que se le está robando a la sociedad es su tranquilidad, la cual no se puede dimensionar si es “grande o pequeña”.

Por su parte, Pedro Carta Terrón, vicepresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de Coparmex, indicó que tanto la violencia como la corrupción comparten la misma genética de origen, pues surgen de la impunidad y de la debilidad de las instituciones para hacer valer la ley.

“Si ustedes se preguntan por qué Colima a lo mejor es más violento que antes, es porque muy posiblemente las redes corruptas o las redes violentas de Michoacán por ejemplo están expandiendo territorio y si ustedes se dejan se va a extender para acá”, advirtió.

Consideró que si Colima ya tiene un cambio constitucional para sentar un Sistema Estatal Anticorrupción, así como una ley al respecto, lo que sigue es que el Congreso convoque para formar una Comisión de Selección de ciudadanos sin compromiso alguno con la política o con el gobierno.

“Para que esos ciudadanos elijan un Comité de Participación Ciudadana que junto con los demás integrantes del Sistema Anticorrupción de Colima ahora sí echen a andar un sistema que elimine problemas de presión política, que salde y nos libre de problemas de falta de coordinación y (…) de que tengamos una red de corrupción o de violencia demasiado grande que no se puedan combatir”, añadió.

Otro de los empresarios presentes en el foro señaló que desde el año 2000 ha venido denunciando actos de corrupción tanto en el gobierno estatal y federal, en la Universidad de Colima, así como de parte de grandes empresas colimenses, además de que ha sido víctima de violación a sus derechos humanos, y ni siquiera quienes integran la comisión que lleva ese nombre en el estado le pudieron ayudar.

“Lo que me doy cuenta es que al menos en mi estado, en las entidades públicas los funcionarios no funcionan; algo que se puede levantar y resolver con una llamada por teléfono, no hacen nada, un escrito que lleven no te lo contestan y por eso entiendo por qué hay tantas quejas en derechos humanos de las procuradurías, de asuntos que no se resuelven porque no se aplica la misma autoridad”, se quejó.

Le pidió además al diputado Nicolás Contreras, que revisara el tema de las placas sobrepuestas o de los vehículos que circulan sin las mismas, pues consideró que esas faltas no se deberían castigar como administrativas, como actualmente se hace, situación que el legislador aseveró que tomaría en cuenta.

En sus intervenciones, Contreras Cortés reconoció que en el tema de la corrupción de parte del Legislstivo falta aún ejecutar dos acciones relevantes como son la designación de un fiscal especializado en combate a la corrupción, para lo cual se requiere aprobar previamente una Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

“Falta también adecuar o emitir normas que regulen la existencia y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa (…) definitivamente que falta mucho por hacer, pero coordinados, insisto, federación, Estado y municipios y Poder Legislativo seguramente podemos avanzar”, aceptó.

“Que cada quien haga nuestra parte, que tanto la Procuraduría trabaje como lo está haciendo y con más ahínco todavía, que haya la coordinación precisamente entre el gobierno federal, entre los municipios y lo dijimos alguna ocasión, si la delincuencia organizada se organiza para delinquir, nosotros como sociedad no podemos hacer otra cosa mas que también organizarnos para contrarrestar esa ola de violencia que se cierne sobre nuestro estado”, añadió.

Aclaró que la inseguridad no es un fenómeno que se da de un momento a otro y dijo que si actualmente se ha desatado o se han presentado un cúmulo de delitos, son a consecuencia de la corrupción que se ha generado en el pasado inmediato y en el sexenio antepasado; aunque también reconoció que desde el legislativo deben procurar mejorar el presupuesto para el rubro de la seguridad.

Por su parte el procurador, expuso que si bien una de las fortalezas que tiene la dependencia bajo su cargo es su gente, eso a la vez implica una amenaza porque por el mismo trabajo que desempeñan siempre son susceptibles de estar siendo tentados por parte de quienes combaten, de abogados, de los ofendidos y hasta de los inculpados y es ahí donde dijo, “a veces se empiezan a tejer los temas de corrupción”.

“La primer misión que yo tengo es dignificar a la institución que este momento encabezo, pero para dignificarla es primeramente generarle confianza a la gente, y la confianza es como la renta, se paga diario, cuando una persona de la institución queda mal su trabajo nos mancha a todos”, añadió.

Franco Escobar aceptó que en la PGJE se tienen muchas oportunidades para mejorar y una de ellas es la capacitación, pero también dijo que con el nuevo Sistema de Justicia Penal hay nuevas reglas que al aplicarlas son criticados tanto los ministerios públicos, los policías y los jueces porque creen que al soltar por ejemplo a un ladrón están incurriendo en actos de corrupción.

“No es que seamos corruptos, lo que pasa es de que el sistema ahora privilegia ciertas formas de terminar los procedimientos y en este caso concreto la persona dijo vamos a llegar aquí a una solución a través de una medida alterna y acordaron en que se le reparara el daño a la víctima y quedó en libertad porque así procede jurídicamente”, puntualizó.

“También tenemos por supuesto las debilidades institucionales, por ejemplo en el tema de las capacidades tecnológicas aquí es donde justamente, que bueno que toco el tema de los presupuestos, para que podamos operar y trabajar de manera eficiente se requiere mucha tecnología”, mencionó.

Para concluir, el líder empresarial colimense, les dijo a los invitados al foro que les dejaban muchas inquietudes, pues no le había quedado claro qué es lo que se tendría que hacer para terminar con ambos problemas, cuando se requiere un ambiente justo de leyes en la sociedad para que se desarrollen los negocios y la población en todos los aspectos, por lo que adelantó que los volverían a invitar más adelante para platicar más al respecto.