Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, considera que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no es confiable, ni tiene ningún valor al momento de sacar estadísticas sobre el tema, e incluso lo calificó como una “burla para todos los mexicanos y una falta de respeto para las víctimas”.

De acuerdo a Rivas, el método para llenar las bases de datos de dicho sistema no se conoce, además de que el procedimiento para dar de baja es erróneo, ya que no considera que la desaparición es un hecho de circunstancia y no de delito, es decir, si se detecta que una persona dentro de esta base es víctima de trata, se le da de baja, a pesar de que no haya aparecido, y tampoco especifica quién está desaparecido y quién extraviado.

“Lo que está pasando desafortunadamente es que hoy se dan de baja a las personas sin un criterio que podamos conocer, corroborar y validar (…) Si mi hija desaparece, yo denuncio la desaparición y en un momento resulta que de parte de la investigación se relaciona a mi hija como posible victima de trata, la autoridad la borra del registro de desaparecidos, alegando que ya saben que es víctima de trata. El problema es que la víctima sigue desaparecida”, explicó.

Las bases de datos estatales tampoco arrojan información confiable y once entidades de la República Mexicana no cuentan con ninguna cifra al respecto. En este rubro, dice, Colima no es de los peores, pero “en general no hay un solo estado que podamos decir que está bien en materia de desaparecidos”.

“No hay ninguna base correcta en este momento en el país, ni las estatales ni las federales (…) el Registro Nacional es, por decirlo de una manera amable, una burla para todos los mexicanos y una falta de respeto para las víctimas”, criticó Rivas.

Por esta razón, el Observatorio Nacional Ciudadano está buscando implementar en este registro el software que donó la Cruz Roja llamado “Ante mortem/post mortem” para cruzar datos de personas desaparecidas con las personas encontradas sin vida, además de poner en funcionamiento un banco de ADN que compare el de los desaparecidos con quienes se encuentran detenidos y con los cuerpos que se encuentren en fosas comunes.

 ¿Qué deberían hacer las entidades? 

Cuestionado sobre cómo podrían coadyuvar los gobiernos estatales para tener registros confiables sobre los desaparecidos, Francisco Rivas señaló que antes de entrar al tema, las administraciones deben generar unidades de búsqueda que hagan su trabajo en serio, luego sensibilizar a los ministerios públicos en el tema, pues el primer paso es que las capacidades de la institución funcionen para aplicar los protocolos ya definidos.

Ya en la sistematización de la información se debe reiterar que la desaparición es de circunstancia y no de delito, y si una persona no aparece, ninguna autoridad puede borrarla “por sus pistolas, como sucede el día de hoy”.

Después, queda generar una página con fines de difusión donde se concentren los datos de media filiación y se actualicen otros de consumo interno, como en el caso del ADN de los familiares, para que de darse un hallazgo, la información pueda ser cruzada.

 ¿Y la ciudadanía? 

Una de las acciones para coadyuvar en el tema desde la ciudadanía puede ser apoyar los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues en todo el país, han sido ellos quienes subsanan la falta de interés y las deficiencias en estos casos.

Aunque también se debe de actuar desde la prevención, aumentando la cautela si se vive en una entidad peligrosa y avisando a nuestros familiares dónde vamos a estar.

“Yo espero que una sociedad sea siempre capaz de reaccionar ante un problema, independientemente de que éste no nos toque directamente. No necesito ser yo el que ha vivido el trauma para tener la empatía”, concluyó Rivas.