Durante el inicio de las comparecencias por parte de los titulares de 12 dependencias estatales con motivo del Segundo Informe de gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, los diputados locales reprocharon al secretario de Seguridad Publica, Francisco Javier Castaño Suárez, la falta de resultados en esta materia.

En su discurso inicial, Castaño Suárez destacó que en el año que se informó se invirtieron 30 millones 291 mil 661 pesos, los cuales se destinaron a la compra de armas, cargadores, municiones, vehículos, equipamiento táctico policial, tecnología y mantenimiento.

Expuso que la situación actual de inseguridad que vive el país alcanza niveles álgidos por la vecindad con el país que demanda la mayor cantidad de drogas ilegales para su consumo, Estados Unidos, y dijo que aunado a esta situación, el fenómeno de división de las organizaciones criminales ha generado que se multipliquen por todo el país pequeñas organizaciones de este tipo que operan localmente, pero vinculadas a organizaciones dominantes.

“Situación que vulnera a las autoridades en general, principalmente a los municipios por su poca capacidad para hacerles frente, ya que la organización y funciones de las autoridades municipales son rebasadas por su rezago” señaló el funcionario estatal.

Pero también reconoció que otro factor que incide en la situación de inseguridad que vive la entidad es el gran rezago en el sistema de seguridad pública, procuración y administración de justicia, el crecimiento poblacional, rezago educativo, problemas laborables, y de servicios básicos en general, entre otros; así como la problemática que presenta la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que prácticamente, dijo, es un cambio de filosofía de pensamiento y de cultura social en materia de seguridad.

El secretario destacó también que con relación al incremento de fuerza policial se tiene programado el ingreso de 160 policías para este año, 200 para el 2018 y otros 200 para el 2019 hasta alcanzar el promedio de 1.8 policías por cada 1000 habitantes, que es el estándar a nivel internacional y conforme al Modelo Óptimo de la Función Policial.

Abundó que en las operaciones interinstitucionales para los municipios atención prioritaria, como son Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez, donde participan los tres órdenes de gobierno, se detuvo a 187 presuntos sicarios y se aseguraron 23 armas largas, 62 armas cortas, 736 mil 31 pesos en efectivo, 2 mil 293 dosis de “ice”, 229 de heroína, 212 de marihuana, 123 de cocaína y 290 pastillas psicotrópicas.

Sobre la depuración policial, Castaño Suárez aseveró que el 100 por ciento del directivos de esta dependencia cuenta ya con el examen de control y confianza y que de los 63 policías que lo han reprobado, 24 han sido dados de baja, mientras que otros 37 están en proceso ante Comisión del Servicio Profesional de carrera Policial, Honor y Justicia.

En su oportunidad el coordinador de los diputados independientes, Nicolás Contreras, expuso que prácticamente todo lo dicho en la comparecencia del año anterior se podría repetir en esta ocasión y con más fuerza, pues consideró que las estadísticas mostraban un empeoramiento de la seguridad en la entidad.

“La verdad hay que decirlo, entre el primer informe y este segundo informe que es el que aquí nos reúne, hay datos que nos preocupan. ¿Por qué? Porque muestran un empeoramiento de las condiciones de seguridad”, señaló.

Por parte de los diputados de Acción Nacional fue Crispín Guerra quien hizo los cuestionamientos y señaló que tras escuchar lo informado por el funcionario en cuanto a cifras, estadísticas, acciones realizadas por la dependencia, no encontraba justificación alguna de la grave situación del deterioro de la seguridad pública en la entidad.

“Secretario, sus comentarios a los cuestionamientos a mi primera intervención parecen una justificación y eso no es una respuesta para los colimenses, usted es el secretario de Seguridad y no se val decir que son factores externos, esa es su obligación, es su trabajo y los colimenses quieren respuestas”, resaltó.

“Sin duda el tema más complicado para este gobierno es el de seguridad; la promesa de “vivir feliz y seguros” hace el reto mayor. Sin embargo la percepción de la población en materia de Seguridad y todas las estadísticas demuestran la incapacidad de resolver los delitos y frenar esta ola de inseguridad”, añadió.

Además, la diputada única de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, reprochó que si la SSP hubiera hecho su trabajo en prevención del delito como debe hacerlo, no se hubiera presentado el asesinato del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, y los cárteles y sus sicarios no estuvieran presentes en la entidad.

“Pero no es así, aquí parece el paraíso para los delincuentes, aquí parece el paraíso para los narcotraficantes (…) y yo creo definitivamente que el trabajo deja todavía mucho que desear a los colimenses, es el primer reclamo de los colimenses, sin seguridad no tenemos educación, no tenemos vida social, no tenemos tranquilidad, no hay salud, no hay empleo, no hay fomento económico”, resaltó.

Finalmente, el diputado priista Octavio Tintos recordó al funcionario que faltan muchas cosas por realizar en el combate de la delincuencia y para recuperar la seguridad en la entidad y consideró necesario una mayor coordinación y colaboración entre el estado, los municipios y la Federación, así como dotar a los elementos de seguridad pública con los mejores equipos y condiciones, que les permitan realizar de manera más eficiente su labor de combate y prevención del delito.

“No más pretextos, no más críticas y no más posturas que no trascienden en nada; y sí más acciones y gestiones que tiendan a contribuir a la prevención y combate de la delincuencia en el estado; esta es la postura que el suscrito y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hemos asumido”, añadió.