La contralora general del Estado, Águeda Catalina Solano, aclaró que esta dependencia no recurrirá a instancias judiciales ante las irregularidades detectadas en el Libro Blanco, ejercicio con el cual la firma PricewaterhouseCoopers auditó la parte final de la administración de el exgobernador Mario Anguiano Moreno.

Tras comparecer en el Congreso local por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria dijo en entrevista con los medios de comunicación que muchas de las observaciones de este documentos fueron identificadas plenamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual, aseveró, se reserva el derecho de interponer las denuncias penales y de las sanciones resarcitorias en que pueden incurrir los funcionarios públicos señalados en el mismo.

Cuestionada sobre si en algún momento el gobernador Ignacio Peralta le dio alguna instrucción para que interpusiera alguna denuncia penal contra los funcionarios o exfuncionarios señalados en el documento, refirió que la orden del mandatario estatal fue únicamente de revisarlo y su contenido lo dividieron con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

“(A) instancias judiciales nosotros no vamos recurrir, puesto que solamente sancionamos a los funcionarios en su actuación; en todo caso la instancia sería la Auditoría Superior quien lleve a cabo esa denuncia de naturaleza penal, pero nosotros no llevamos esta suiuación hasta allá”, puntualizó la titular de la Contraloría General del Estado.

Y aunque reconoció que en un momento dado sí pudieran hacerlo, insistió en que es la referida instancia federal la que debe interponer las denuncias correspondientes por tratarse de recursos federales, pues añadió que cuando se han determinado irregularidades en los recursos estatales, la Contraloría sí ha interpuesto las denuncias penales correspondientes.

Precisó que hasta el momento se han interpuesto tres denuncias de ese tipo, una el año pasado y dos en este 2017 por malos manejos o conductas irregularidades de algunos funcionarios públicos que ya no están en la administración.

Si bien aceptó que estos exfuncionarios ocasionaron un presunto daño a la hacienda pública estatal, no proporcionó el monto de lo afectado, ni en qué año habían sido cometidas estas irregularidades, e informó que al menos uno de ellos pertenecía a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas y otro a la Secretaría de Movilidad, pero hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado no les ha informado cómo va el proceso.

Durante la comparecencia, resaltó que la gran mayoría de las irregularidades planteadas en el Libro Blanco se referían concretamente a obras públicas que se identificaban como no terminadas, y justificó que se debía a que en el momento en que se llevó a cabo su verificación física aún no concluían.

Y es que a decir de Solano, ese tipo de situaciones suele presentarse a raíz de que sigue siendo uno de los problemas en obra pública, el que los recursos públicos no llegan oportunamente, de manera que las obras se retrasan.

Fuero de Eloísa Chavarrías evita que sea llamada a comparecer por irregularidades

En otro tema, la funcionaria estatal, explicó que de las irregularidades detectadas en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (Sedescol), durante el periodo que Rigoberto Salazar fue su titular, refirió que quienes están involucrados están citados para comparecer, a excepción de una exfuncionaria que actualmente tiene fuero.

Pese a que no proporcionó más datos al respecto de quién se trataba, cabe recordar que en su momento la también exsecretaria de esa misma dependencia, Indira Vizcaíno, hizo pública la denuncia interpuesta por Salazar en junio de 2015 en contra de la ahora diputada federal por el PAN, Eloísa Chavarrías, y exdirectora de Desarrollo Social de la Sedescol.

Lee: Eloísa Chavarrías recibió 700 mil pesos que no ingresaron a finanzas estatales: Sedescol

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Recordó además que en cuanto a los desvíos de recursos que se realizaron en esa dependencia, estos se han resuelto ya, pues desde hace algunos meses por instrucciones del gobernador del estado se realizó la devolución de las aportaciones que hicieron los beneficiarios de diversos programas.

“Todo lo demás está en esta etapa, están citados a comparecer los funcionarios involucrados y no creo que lleven después de la comparecencia mucho o por algo de tiempo en la resolución”, afirmó.

Cuestionada por la legisladora panista Martha Sosa sobre si ante las presuntas irregularidades detectadas en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que operan en otros estados de la República, no sería necesario revisar los que operan en Colima bajo la coordinación del Partido del Trabajo y que este año recibieron parte del presupuesto estatal por 35 millones de pesos, la contralora reconoció que la ASF sí tiene observaciones sobre esos centros.

Aceptó de igual forma que están en observación por parte de la ASF “una cantidad importante de recursos”, pero añadió que los mismos Cendi “Tierra y Liberta”, que lidera el diputado local del PT, Joel Padilla, han integrado un expediente de comprobación que se hizo de manera tardía, pero que la ASF aceptó que lo recibiría y analizaría, por lo que está en proceso de revisión ante la dependencia federal.

En relación a la denuncia presentada por la Secretaría de Educación ante la Contraloría por el presunto desfalco de mil 300 millones de pesos a esa misma dependencia en años anteriores, puntualizó que esta se compone por varios conceptos entre los cuales se encuentra un monto superior a 740 millones de pesos observados en las auditorías que la ASF revisó relativo a las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015 de los fondos FAEB, FONE y Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Expresó que en ese tema lo que ha generado la Contraloría es conciliar mecanismos de solventación con la ASF, como es el caso de más de 615 millones de pesos que se busca solventar mediante mecanismos acordados con dicho órgano fiscalizador y los entes auditados, mientras que el resto se encuentra en un análisis para su solventación, dada la información que las ejecutoras de dichos fondos y programadas han presentado.

Añadió que existen otros montos ya observados en la auditorías locales y que dieron origen al procedimiento de responsabilidades administrativas, sin embargo apuntó que se encuentran en proceso y refirió que otros conceptos que integran los montos de la queja, están en la etapa de investigación.

En cuanto a la auditoría a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, dijo que esta ha concluido en la fase operativa, ya se dio seguimiento a las recomendaciones propuestas por esta Controlaría y actualmente están en el proceso de integración y valoración de pruebas recabadas para proceder a la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos involucrados.

Asimismo, reconoció que en la Universidad Tecnológica de Manzanillo se lleva a cabo una auditoría en el periodo de enero a agosto de 2016, en donde se identificaron nueve observaciones que suman 14 millones 691 mil 788 pesos, de las cuales no se han solventado a la fecha la cantidad de 10 millones 887 mil 258 pesos.

De acuerdo a la contralora, una de las observaciones consistió en la falta de requisitos de ciertos profesores que fueron promovidos, lo que ocasionó que se les bajara de categoría, mismos que aseguró fueron de involucrados en los recientes paros realizados en esa institución educativa.