Con el apoyo de todos los grupos y partidos políticos representados en el Congreso del Estado, la diputada panista Martha Sosa logró la aprobación de un punto de acuerdo para solicitar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cumplan con el compromiso de que la Termoeléctrica de Manzanillo deje de contaminar usando combustóleo para operar.

En su exposición de motivos, Sosa reconoció que era imposible negar la importancia de esa planta de energía eléctrica para todo el país, pues resaltó que se trata del segundo establecimiento más grande de su tipo a nivel nacional, aunque también destacó la importancia de hacer cumplir el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Recordó que en agosto de 2013, el Gobierno federal encabezado por Peña Nieto inauguró en el puerto colimense el Proyecto de Repotenciación para dicha central termoeléctrica “a fin de lograr el uso de gas natural en los hornos de esta instalación”, lo que requirió una inversión de 982 millones de dólares.

Mencionó que si bien la magnitud de los gastos de la Termoeléctrica han implicado mejoras en su infraestructura y el compromiso de cesar el uso de productos contaminantes, “esto se vuelve incongruente con el aumento de las emisiones nocivas”, que según afirmó, ha reportado en fechas recientes la delegación local de la Procuraría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a casi cuatro años del procedimiento de repotenciación.

“El punto de acuerdo contiene una solicitud al presidente (…) Enrique Peña Nieto, así como al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez, a fin de disponer el inmediato cumplimiento del compromiso presidencial de generar energía en la Central Termoeléctrica ‘General Manuel Álvarez’ de Manzanillo a partir de insumos limpios como el gas natural y suspender la utilización del combustóleo para reducir drásticamente las emisiones contaminantes del medio ambiente”, puntualizó.

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Presenta iniciativa para crear Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

Por otra parte, la legisladora panista presentó ante el Pleno una iniciativa para crear la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y recordó a sus compañeros diputados que de acuerdo al segundo transitorio del ordenamiento al federal en esa misma materia, en julio de este 2017 se cumple el plazo para que las entidades expidan sus leyes locales al respecto.

“La Ley (General del Sistema Nacional Anticorrupción) que rige en el ámbito federal fue publicada en julio de 2016 y el transitorio segundo otorga un año a los congresos de las entidades para expedir las leyes a que haya lugar, plazo que culminaría en julio, como ustedes pueden ver (…) es clara y precisa la tarea que nos ocupa como legisladores teniendo la obligación de acatar cabalmente las instituciones que constitucionalmente nos son impuestas dentro de los plazos fijados para ello”, precisó.

La legisladora manzanillense explicó de manera resumida que su iniciativa estaba compuesta por cinco títulos, 57 artículos y cinco transitorios y que en ella proponía entre otras cosas, la creación de un comité coordinador y otro de participación ciudadana, instituciones que formarían parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Pero también planteó la necesidad de crear una Secretaría Ejecutiva, como un organismo descentralizado autónomo, misma que estaría dirigida por un secretario técnico, y la cual serviría de apoyo y de asesoría técnica del primero de los comités.

Añadió que de igual manera en esa iniciativa, que fue turnada a comisiones para su análisis, se propone el procedimiento y se faculta al Congreso del Estado para crear una Comisión de Selección conformada por personas pertenecientes a instituciones de educación superior, la cual sería la encargada de seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Asimismo, mencionó que en esa legislación “se prevén los lineamientos de la participación de los municipios” en el referido sistema, “aunque a diferencia de otros estados no se considera pertinente la creación de sistemas municipales de corrupción”.

De acuerdo a la diputada, en su iniciativa señala cómo participará el Sistema Estatal Anticorrupción en el Sistema Nacional de Fiscalización, con qué información se integrarán las plataformas digitales, sobre todo lo relacionado con los servidores públicos, y además se establecen las características de las recomendaciones que podrá emitir ese sistema.

Finalmente, Sosa precisó que será en los transitorios del documento presentado donde se establecerán tanto el escalonamiento de los primeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana, como los pasos a dar para la instalación del propio Sistema Estatal Anticorrupción.

Proponen justificar lesiones y homicidio como causa de legítima defensa

En otro tema, el diputado panista Alejandro García presentó una iniciativa para modificar el artículo 31 del Código Penal del Estado con la finalidad de incluir las lesiones y el homicidio como causa de justificación para la legítima defensa de los colimenses que sean víctima de algún delito.

Al explicar su iniciativa, García manifestó que ante la inseguridad que se prevalece en la entidad, “los colimenses ya no sólo temen ser víctima de la misma en las calles de sus ciudades y pueblos, sino también de alguna persona que se introduzca a sus domicilios o negocios a cometer algún ilícito en su contra o de su familia, sin poderse defender con el amparo legal”.

“Ante las recientes reformas aprobadas al Código Penal del estado de Nuevo León (…) para adicionar las lesiones y homicidio como causa de justificación tratándose de la legítima defensa, un servidor comprometido con el bienestar de las familias colimenses y respetuoso del Estado de derecho, propongo hacer lo propio en nuestra entidad con el fin de ampliar los alcances de la defensa del Código Penal”, sugirió.

De acuerdo al diputado, la actual redacción del artículo 31 de dicho código estatal, “limita la presunción de legítima defensa al enunciar” únicamente que ésta será reconocida “cuando se cauce un daño necesario”, expresión que dijo, “resulta del todo ambigua”.

Finalmente, propuso también que su iniciativa se someta al escrutinio público, para que a través de mesas de trabajo se consulte a catedráticos, especialistas del tema, abogados criminalistas y funcionarios públicos que persiguen los delitos e imparten la justicia, para que aporten argumentos que la perfeccione “y que sea una reforma benéfica para la sociedad”, toda vez que “es quien más demanda la disminución de los índices de criminalidad en el estado”.