El diputado local priista, Héctor Magaña, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para citar a la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés, a comparecer ante ese poder para que explique los motivos del desprendimiento de la carpeta asfáltica de la avenida Ayuntamiento, el cual fue aprobado por mayoría.

Esto, a raíz del daño que presentó esta vialidad el pasado martes (3) tras una tormenta, cuando apenas el 29 de mayo del presente año se reabrió a la circulación tras las obras de repavimentación que se le hicieron con una inversión de 4.5 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano.

En su explicación de motivos, el legislador recordó que esta obra había sido anunciada “con bombo y platillo” por el Ayuntamiento y afirmó que con el daño ocasionado por la lluvia, los villalvarenses fueron “testigos de una consecuencia de malos gobiernos, que por medio de actos irresponsables generan malestar a los ciudadanos”.

“Para los que circulamos por dicha vía, observamos positivamente la acción municipal, el día de ayer, sin embargo, la lluvia torrencial que azotó el municipio dejó en claro que dicha acción no resultó ser más que un disfraz de actos irresponsables, actos que propiciaron el caos vehicular, un desorden vial e incluso daños en diversos vehículos”, acusó.

Abundó que como representante popular de ese municipio sólo quería manifestar la gran preocupación de los villalvarenses y conocer “la causa de dichos daños y quiénes fueron los responsables de haber malgastado los recursos públicos de esa manera”.

Destacó además el hecho de que la autoridad haya reconocido que el pavimento medía cinco centímetros y que por otra parte, Juan Manuel Cervantes Siordia, ingeniero constructor de la obra, “mencionó que se ejecutó la obra tal y como lo marcaba el proyecto y que ya se había informado al Ayuntamiento de los problemas de la avenida por el flujo de agua”, mismos que continuarían si no se realizaba otro tipo de obra y se construyera un colector pluvial que era necesario en esa zona.

De acuerdo a lo propuesto por el diputado, en la referida comparecencia a celebrarse el próximo lunes (9) a las 10 de la mañana, la alcaldesa deberá informar, entre otras cosas, los motivos y circunstancias que causaron el daño que sufrió la obra, así como sobre el contenido del contrato celebrado con la empresa para realizarla.

“Que justifique el gasto total que se originó y señale quién o quiénes son los responsables de los sucedido el día de ayer; además de lo anterior deberá de señalar cuáles serán las acciones inmediatas tendientes a dar solución a dicho conflicto”, sugirió Magaña.

La propuesta del también expresidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) recibió el apoyo de prácticamente todos las fuerzas políticos representadas en el Pleno, a excepción de los diputados del Partido Acción Nacional presentes y el del Partido del Trabajo, que no estuvo presente en la sesión.

Desechan solicitudes de adquisición de deuda de Coquimatlán y Tecomán

Durante la misma sesión, celebrada este miércoles (4), el Congreso del Estado aprobó por mayoría desechar las solicitudes presentadas por los alcaldes Guadalupe García Negrete, de Tecomán, y Orlando Lino, de Coquimatlán, para solicitar empréstitos a Banobras por 10 y casi 3.7 millones de pesos, respectivamente, que serían destinados a proyectos productivos.

De acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, en el caso de Tecomán el crédito se pretendía utilizar en infraestructura vial, camiones compactadores de residuos sólidos y en el panteón municipal, mientras que en Coquimatlán serían destinados a la rehabilitación de jardines y la construcción de un pozo de agua profundo.

El presidente de la comisión dictaminadora, el diputado priista Santiago Chávez, explicó que las áreas de Tesorería de ambos municipios argumentaron en sus solicitudes tener un superávit en sus flujos de efectivo anuales para poder hacer frente a los endeudamientos solicitados, pero esta situación, dijo, no fue comprobada al hacer el cruce de información con los documentos correspondientes.

“¿Por qué salió superávit? (…) El flujo de efectivo se compone de dos partes, ingresos y egresos mensualmente hablando y acumulado; en el área de Ingresos hacen una mezcla de recursos de gasto corriente con recurso etiquetado y en el área de Egresos ese recurso etiquetado no le están dando salida como tal, sino como gasto corriente, entonces lógicamente al final del año van a tener un superávit”, refirió.

Comentó que además de lo anterior, los municipios no están contemplando que año con año existen ciertos adelantos de participaciones que durante todo el ejercicio fiscal se les van descontando a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y mencionó que ante esas circunstancias, de haber aprobado los endeudamientos en lugar de ayudar a esos ayuntamientos, los perjudicarían.

Sugirió que para hacer frente a esas necesidades, ambos munícipes deben buscar medidas alternas y buscar que sus servidores públicos trabajen en la recaudación de impuestos y de cobros por permisos, entre otros conceptos, pues recordó que al menos Tecomán tiene observaciones por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización  Gubernamental (Osafig) en la cuenta pública de 2016 por no tener recaudación o “por dar otros números”.

“Como diputados debemos ser responsables en lo que aprobamos, en lo que decidimos y lógicamente con el único fin de que la propia administración pública pueda salir adelante, pero de acuerdo a los números que tenemos y con esos números falsos que nos enviaron, donde nos quisieron mostrar espejitos, creo que no se vale (…) por lo cual se desechan las dos iniciativas”, puntualizó Chávez.

Desde antes de la aprobación del orden del día de la sesión, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Ladino, solicitaba que ambos dictámenes fueran retirados para que antes de someterlos a votación fueran escuchados los argumentos de ambos alcaldes, sin embargo, su propuesta fue desechada.

Ambos dictámenes recibieron 13 votos a favor de los diputados del PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista e independientes y siete votos en contra de los diputados panistas y uno más de la diputada única de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, mientras que los legisladores panistas Riult Rivera, Julia Jiménez y Crispín Guerra se abstuvieron de votar.

Aprueban convocatoria para integrar comisión del Sistema Anticorrupción

Con apenas 13 votos a favor y ocho abstenciones, el Congreso del Estado aprobó por mayoría emitir la convocatoria para integrar la Comisión de Selección, que a su vez nombrará a los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al dar lectura al acuerdo, la diputada local priista, Juana Andrés, recordó que a partir del 15 de julio, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, el Congreso tenía 90 días para integrar dicha comisión.

Recordó que la referida ésta tendría que estar integrada por cinco personas “con trayectoria destacada en materia de fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción” y cuatro integrantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en las mismas materias.

Expuso que la convocatoria permanecería abierta desde este jueves (5) y hasta el sábado (7) y tendría que ser publicada en dos medios impresos de circulación estatal, así como en la página electrónica del Poder Legislativo.

Añadió que con ese mismo acuerdo se estaba facultando a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones para que fuera esta la que reciba y dictamine sobre las propuestas que se reciban para integrar la Comisión de Selección.

Durante la discusión, la legisladora panista, Martha Sosa, dijo que si bien ella y sus compañeros de partido estaban de acuerdo en que se avanzara en echar a andar el Sistema Estatal Anticorrupción, el problema del acuerdo era la forma en que pretendían hacerlo, pues consideran que “lo que se estaba aprobando requería de más tiempo para ser socializado“.

Argumentó que no era posible que en tres días la sociedad colimense alcanzara a enterarse de la convocatoria para poder participar en el combate a la corrupción, por lo que sugería no solo ampliar el plazo a una semana mínimo, sino también que se difundiera por otras vías y medios de comunicación, como la radio.

También criticó que el argumento de los demás diputados, respecto a que no se tenía el tiempo suficiente para integrar esa comisión, cuando previamente, en esa misma sesión habían aprobado la “Declaratoria de la Entrada en Vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Territorio del Estado” un año después de haber tenido la obligación de hacerlo, y en ese sentido añadió que no comprendía por qué no quieren esperar unos días más.

“Es preocupante que lo que era en un principio la esperanza de la gente para frenar, para combatir, para sancionar la impunidad empiece dando malos pasos, porque no hay por qué ocultarle al pueblo de Colima esta convocatoria”, reprochó Sosa.

Por su parte, la diputada única de Movimiento CiudadanoLeticia Zepeda, dijo que su propuesta seguía siendo como lo expuso en la Comisión de Gobierno Interno, respecto a que la Comisión de Participación, integrada por los diputados priistas Federico Rangel y Juana Andrés, así como el panista Crispín Guerra, no dictaminaran sobre las propuestas que presentaran, y sugirió que fuera una comisión plural “que tenga la voz de todas las fuerzas políticas”.

Sin embargo al ser sometido a votación, el acuerdo fue aprobado por los diputados del PRI, independientes, de Nueva Alianza y Verde Ecologista, mientras que los panistas y Zepeda se abstuvieron de votar.

Exhortan a Contraloría Estatal investigar y sancionar falta de pagos al magisterio entre 2014 y 2015

A iniciativa del coordinador de los diputados independientes, Nicolás Contreras, se aprobó por unanimidad, exhortar a la Contraloría General del Estado para que investigue y documente las causas por las que en 2014 y 2015 se omitió el pago a los trabajadores de la educación, las prestaciones legales y convencionales a las que tienen derecho si se encontraban debidamente presupuestadas.

“Y hecho lo anterior se proceda en consecuencia y términos de ley a aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, así como el resarcimiento de los daños causados al erario por los implicados”, añadió.

Finalmente, Leticia Zepeda planteó a Contreras añadir ese exhorto al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), para que inicie la auditoría que tiene pendiente a la Secretaría de Educación, planteamiento que fue aceptado por el también presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.