La tarde de este martes (24) el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen presentado desde el pasado viernes (20) por la Comisión de Hacienda, que contiene las propuestas de sanción hechas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno y algunos de sus exfuncionarios por las irregularidades detectadas en la auditoría excepcional de los años 2013, 2014 y hasta agosto de 2015.

El dictamen fue aprobado con el voto a favor de los 23 diputados presentes en la sesión (las diputadas Julia Jiménez del PAN y Martha Meza del Partido Verde están ausentes) y fue turnado a la Comisión de Responsabilidades.

Durante la discusión, la diputada panista Martha Sosa manifestó entre otras cosas, que ese dictamen dejaba mucho que desear en la fundamentación que le daba sustento y en las conclusiones que deberían atender el alcance de la revisión y el objetivo de la misma.

“El considerando décimo sexto tiene inconsistencias jurídicas, pues se invocan artículos de la Ley de Fiscalización que son aplicables a la revisión de cuentas públicas ordinarias, cuando, insisto, en la normatividad a aplicar se encuentran todo un título, un capítulo y artículos del 43 al 68 que deben ser invocados por tratarse de la revisión a situaciones excepcionales”, sostuvo.

Dijo además que quedaba en duda el principio de legalidad a las excepciones de sanción que se detallaban en el considerando decimoquinto del dictamen, pues argumentó “ni en la Ley de Fiscalización Superior, ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ni en el artículo 54 del reglamento, la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene facultad precisa alguna para escuchar a los presuntos responsables y resolver su exoneración”.

“Sin embargo, la dictaminadora exonera al entonces secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en el estado, a la persona moral que proveyó los equipos, al exsecretario de Finanzas y Administración y al exsecretario general de Gobierno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, cuando el castigo a este último, por tan seria observación, era de apenas una amonestación pública”, refirió.

En su oportunidad, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Luis Ladino, reprochó que la misma comisión dictaminadora hubiera determinado que no tenía la facultad para incrementar las sanciones propuestas por el Osafig para el exmandatario y algunos de sus exfuncionarios, como ellos lo proponían, pero sí exonerara al exsecretario general de Gobierno y ahora presidente estatal del PRI, Rogelio Rueda, de la amonestación pública que se le proponía.

“Yo quisiera que al término de mi intervención, el secretario y el presidente, quien quiera de esta Comisión, suba aquí y nos explique por qué quitaron a Rogelio Humberto Rueda Sánchez y ni siquiera es inhabilitación, y ni siquiera es una multa económica, es una simple amonestación pública y la quitaron del dictamen, entonces la pregunta es, presidente de la Comisión de Hacienda, ¿se puede o no se puede modificar el dictamen?”, cuestionó.

No obstante argumentó que aunque no estaban de acuerdo con el poco castigo que se estaba proponiendo para el exmandatario estatal y con otros puntos del dictamen, su bancada lo votaría a favor, pues consideraban que era momento de que se comience a hacer justicia en el estado.

Por otra parte, la legisladora única de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, señaló que todas las muertes que se tienen en la entidad son el resultado de la corrupción y los desvíos de presupuestos en los rubros de seguridad, de fomento económico, de salud, deporte y cultura, que en el pasado fueron cometidos por funcionarios que no han sido llamados a cuenta.

“Y en un estado en donde impera la injusticia, donde los culpables no son llevados ante ésta, es muy fácil para los cárteles de los que se habla que se encuentran aquí en Colima, llegar y apoderarse de jóvenes (…) que sufren las consecuencias de que los cárteles hayan llegado y se hayan quedado y hagan de Colima lo que les parece”, se quejó.

Por su parte, el coordinador de los diputados independientes, Nicolás Contreras, dijo que muchos colimenses esperaban con ansia que se haga justicia en el caso del desfalco al erario estatal “provocado por macabros personajes que utilizaron el poder que el pueblo les había conferido para servirse ellos mismos”, en lugar de velar por el bienestar de Colima y sus habitantes.

“Y si bien este día debiera brillar una luz de esperanza y representar un gran avance en la consecución de este loable objetivo, mentiría si dijera que me siento satisfecho con los resultados conseguidos”, señaló el también presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.

“Ahora que el Osafig audita nuevamente estos ejercicios pasados, son muy pocas las anomalías que encuentra, siendo a mi juicio nimias las responsabilidades que imputa. En ese tenor, creo que los resultados obtenidos defraudan a los colimenses, esto lo sé porque yo mismo me siento de esa forma. Siendo uno de los principales impulsores de que se investigue, se sancione y se logre el resarcimiento de los daños provocados a la hacienda estatal no puedo sentirme de otra manera”, añadió.

También dijo esperar que con las sanciones económicas y de inhabilitación que se propone imponer a los presuntos responsables, realmente se logre resarcir aunque sea parte del daño provocado al erario, pues aunque aceptó estar de acuerdo con quienes consideran una burla esas sanciones y plantean que se le deben quitar al exgobernador sus fincas y ranchos para resarcir el daño, sabe que en este momento lo único legalmente viable era aprobar ese dictamen.

“No podemos soslayar que en este momento lo único legalmente viable es la aprobación del dictamen que califica la auditoria excepcional y propone sanciones a diversos servidores públicos. Resulta improcedente en este momento realizar acciones como las que señala dicho legislador por no permitirlo la normatividad de la materia.

Resaltó que en su momento le expresó al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado priista Santiago Chávez, diversas observaciones al contenido del dictamen y consideraciones tendientes a fortalecerlo, mismas que según dijo, el propio Chávez le había respondido que estas resultaban innecesarias, “sosteniendo que el dictamen se encuentra debidamente fundado y motivado”.

“Más allá de todo proceso o procedimiento administrativo o penal, la ciudadanía ya ha emitido un veredicto en el caso del exgobernador Mario Anguiano Moreno y su camarilla y los ha declarado culpables del desfalco a nuestro estado, culpables del incremento de la criminalidad, culpables de endeudar injustificadamente a nuestro estado, culpables de ser negligentes, corruptos y nocivos para Colima. Y escuchen bien, no existe ningún amparo que los pueda librar de este veredicto”, concluyó.

Al subir al Pleno, Santiago Chávez aseguró que el trabajo realizado por la Comisión que preside para emitir ese proyecto de dictamen se hizo objetivamente con base en la legislación constitucional y legal vigente al momento de la auditoría que se dictamina en un ejercicio de respeto al principio de legalidad.

“Con el conocimiento del dictamen he podido escuchar a algunos de mis compañeros diputados que esperaban propuestas de sanciones mucho más altas, particularmente económicas, sin embargo es importante decirles que las propuestas de sanción han sido avaladas de acuerdo a los hechos identificados en el informe de resultados por el Osafig de acuerdo al tipo de observación e irregularidad encontrada en la misma auditoría”, subrayó.

“Circunstancias que forman parte de la fundamentación y motivación de las propuestas de presuntas responsabilidades que hoy están a la consideración de todos ustedes, por lo cual tampoco se puede decir que las propuestas sean light o descafeinadas ya que (…) son congruentes estas observaciones o estas presuntas sanciones con los hecho identificados en el informe de auditoría (…) donde también encontramos a proveedores en varias de esas adquisiciones”, añadió.

Dijo entender que tanto la sociedad como algunos de sus compañeros diputados quisieran propuestas de sanción que generen un impacto social, pero aclaró que las que se estaban proponiendo eran de manera objetiva respecto de los hechos de presuntas irregularidades identificadas por el Osafig con base en la muestra auditada.

Refirió que decir lo contrario y querer proponer sanciones que no están sustentadas en el informe de resultados sería mentirle a la sociedad y dijo que si no había propuestas de sanción más elevadas era porque la muestra auditada por el Osafig se limitó a los conceptos señalados por los entonces denunciantes.

“Si la muestra auditada fuera más amplia y el Osafig hubiera señalado más situaciones de presuntas irregularidades, entonces estaríamos ante un dictamen con más propuestas de sanción, pero no es el caso (…) hay que dejar en claro que quien realiza la auditoría es el Osafig (…) por lo tanto nuestro estudio y análisis se sujeta a las presuntas irregularidades identificadas”, puntualizó.

A continuación te enlistamos algunas de las sanciones que contempla el dictamen, que una vez que sea sometido a votación y aprobado pasaría a la Comisión de Responsabilidades para continuar su proceso.

Mario Anguiano Moreno, exgobernador de Colima 

Dos inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público estatal; una por 9 años y otra por 14 años; esta última por la generación de actos y omisiones en la vigilancia de la recepción, custodia, administración y aplicación de las donaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), de Asfalto AC-20, gasolina, y diésel, para obras y suministro del parque vehicular y maquinaria de administración pública estatal.

Una sanción económica resarcitoria subsidiaria, por la cantidad de 6 millones 578 mil 515.68 pesos; y otra directa por la cantidad de 38 millones 570 mil170 pesos, por las acciones y omisiones observadas durante el periodo de gestión pública en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.

Jesús Orozco Alfaro, exsecretario de Finanzas y Administración  

Inhabilitación por 3 años para el desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de sus atribuciones correspondientes a su cargo.

Amonestación pública.

Sanción económica resarcitoria directa por la cantidad de un millón 485 mil 760 pesos, por entre otras cosas, el autorizar la contratación del curso de capacitación bajo los programas de SUBSEMUN 2013 del cual no se presentó evidencia suficiente y relevante que acredite el buen manejo de los recursos del programa.

Clemente Mendoza Martínez, exsecretario de Finanzas y Administración  

Inhabilitación por 3 años para el desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de atribuciones correspondientes a su cargo.

Amonestación pública.

Sanción económica resarcitoria directa por la cantidad de 42 millones 948 mil 773.07 pesos equivalente a los daños y perjuicios determinados en las observaciones.

Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de Finanzas y Administración 

Inhabilitación por 3 años para el desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal , por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de atribuciones correspondientes a su cargo.

Amonestación pública por realizar pagos en demasía al Convenio de Apoyo Financiero CENDI.

Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario de general de Gobierno y de Fomento Económico 

Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por 3 años, por omitir abstenerse de participar con las empresas Estaciones de servicios 12116 Servicio Comercial del Centro SA de CV y 116642 Servicio Pereyra SA de CV de las que tiene relación familiar primer grado en línea directa, en la recepción y custodia de las donaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX), Gasolina, y Diésel, para la operación de parque vehicular y maquinaria de administración pública estatal.

Sanción económica subsidiaria por 7 millones 406 mil 798 pesos por la recepción y custodia de combustible donado sin acreditarse la ejecución de éste por parte del Gobierno del Estado.

Gustavo Allen Ursúa Calvario, exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Amonestación pública

Sanción económica resarcitoria directa, por la cantidad de 32 millones 433 mil 134.40 pesos por diversas irregularidades, entre ellas, el autorizar pagos por concepto de mantenimiento anual tipo platino a la infraestructura de la Red Estatal de Telecomunicaciones TETRAPOL del Estado de Colima, correspondientes al contrato SESESP-011-2013, sin exhibir evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite haber aplicado los recursos en los fines a que estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública.

Rigoberto Salazar Velasco, exsecretario de Desarrollo Social  

Sanción económica resarcitoria directa por 1 millón 80 mil pesos, por autorizar el pago de mil 600 paquetes de gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública.

Amonestación pública.