La tarde de este lunes (7), el Congreso del Estado, aprobó por mayoría citar a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, a fin de que aclare diversos señalamientos que se le han hecho a la actual administración estatal por presuntos actos de corrupción.

El punto de acuerdo propuesto inicialmente por la diputada panista, Martha Sosa durante la sesión ordinaria, planteaba exhortar al gobernador Ignacio Peralta a fin de que observara, en su despacho y en todas las secretarías y dependencias a su cargo, “un manejo claro y transparente de los recursos públicos, así como apegado de manera estricta a las disposiciones jurídicas vigentes, evitando el dispendio, el desvío, hechos de corrupción, compras a sobreprecio, y el beneficiar a amigos, familiares y servidores públicos”.

Pero también proponía exhortar al titular del Ejecutivo estatal para que cumpliera “con el Plan de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, que él mismo publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 12 de marzo de 2016”.

En su exposición de motivos, la legisladora recordó a los demás diputados no sólo “el mal manejo” que se dio a los recursos públicos durante la administración del exmandatario estatal, Mario Anguiano, sino también algunos “gastos innecesarios” que le han sido señalados a la actual administración a través de algunos medios de comunicación, como el “de casi 10 millones de pesos en la compra de vehículos para uso gubernamental, sin realizar un diagnóstico de necesidades”.

De igual manera destacó la suspensión de los servicios de consulta externa y cirugías que se registró en el Hospital Regional Universitario en marzo del presente año, debido a la falta de insumos y material médico, pese a que el recurso para ese rubro ya había sido aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2017.

Incluso resaltó el descubrimiento que hizo el periódico Reforma sobre la contratación realizada por el Poder Ejecutivo estatal “de dos empresas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público califica como simuladoras de operaciones fiscales”, conducta que a decir de la proponente “persiste desde el sexenio anterior, de trabajar con empresas inexistentes, simuladoras o que no cumplen con sus obligaciones”.

“En el Poder Ejecutivo del estado prevalecen conductas, inercias y hábitos de mal uso de los recursos públicos, en actos y hechos que podrían ser constitutivos de delitos de corrupción o que están alejados de lo que se establece en las leyes”, puntualizó.

En su oportunidad, el coordinador del grupo parlamentario priista, Federico Rangel, dijo a nombre de su bancada y de los diputados únicos del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, que votarían en contra de ese punto, bajo el argumento de que el gobierno de Peralta “ha honrado con hechos el compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas, con eficacia y con lo que signfica también la racionalidad y la austeridad”.

No obstante, fue a propuesta del coordinador de los diputados independientes, Nicolás Contreras, que el punto de acuerdo fue modificado para, en lugar de emitir el exhorto, citar a la reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, reunión que se llevará a cabo la próxima semana, aunque todavía no se tiene una fecha definida, misma que deberá establecer el presidente de la Comisión de Finanzas, el priista Santiago Chávez.

Ambas propuestas fueron votadas por separado; la hecha por Martha Sosa no alcanzó la mayoría necesaria, pues únicamente recibió el apoyo de sus compañeros de bancada y de la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, con un total de 11; mientras que la planteada por Contreras fue aprobada únicamente por la bancada independiente, los legisladores priistas y el diputado de Nueva Alianza, ya que al momento de la votación se había retirado Joel Padilla del Partido del Trabajo.

MC propone reformas para que diputados ‘desquiten sus sueldos’

En otro tema, la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, presentó una iniciativa que fue turnada a comisiones, en la que propone diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como a su respectivo reglamento, con la finalidad de que los 25 legisladores desquiten el sueldo que ganan mensualmente.

En su exposición de motivos, Zepeda recordó que si bien es cierto el Legislativo ha dado pasos en materia de austeridad con la eliminación de la partida de Previsión Social Múltiple, dijo que “resulta factible prohibir el pago de viáticos y viajes al extranjero y hacer efectivo el descuento de un día al diputado que falte o se retire de manera injustificada de sesiones de las Comisiones Legislativas o de las sesiones del Pleno”.

“Otra tónica que obstaculiza la labor legislativa es el rezago que existe en torno al número de iniciativas presentadas contra las dictaminadas; que si bien es cierto estas deben estar sujetas a un estudio de impacto presupuestal, viabilidad técnica y demás, también lo es que pudiese dar celeridad para su dictaminación, en tal virtud (…) propongo que las comisiones que tengan iniciativas turnadas, celebren sesiones por lo menos una vez a la semana, y todas por igual rindan un informe mensual de sus actividades”, sugirió.

Y es que recordó que los legisladores reciben una partida especial para la comisión legislativa que preside cada uno, recurso que está destinado para las actividades que se requieran para el buen desempeño de ese encargo y que no obstante, “la mayoría de las comisiones no desempeñan función alguna cuando no les son turnadas iniciativas para su estudio y posterior dictaminación”.

“En ese sentido es que en esta iniciativa se vierte la propuesta de que todas las comisiones, presenten un informe mensual de labores a la Comisión de Gobierno Interno, en el cual señalen por lo menos si les fueron o no turnadas iniciativas, la investigación legislativa que al respecto de sus enfoques hayan realizado para la presentación de subsecuentes iniciativas, reuniones de trabajo y demás actividades realizadas, así como las iniciativas y puntos de acuerdo presentados”, puntualizó.

Por ley, Salud deberá promover cultura de donación de órganos y sangre

En la misma sesión se aprobaron también diversas modificaciones a la Ley de Salud del Estado, con la que se obliga a la Secretaría de Salud y Binestar Social a generar las estrategias de comunicación en todo el estado para “promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud, así como fomentar la cultura de la donación volutaria de órganos y la donación voluntaria altruista de sangre“.