La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) notificó al alcalde de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, sobre la recomendación que le hace para iniciar procedimientos administrativos sancionadores en contra de cuatro policías y de su exsecretario particular, Néstor Valdovinos, por la detención ilegal de tres personas y por vulnerar los derechos a la diputada federal priista Erika Rodríguez en la jornada electoral del 17 de enero de 2016.

El presidente de este organismo local, Sabino Hermilo Flores, explicó este martes (16) en rueda de prensa que inicialmente la queja se abrió de oficio por los hechos acontecidos durante la jornada electoral extraordinario para la gubernatura a raíz de diversas notas que se publicaron al respecto.

Relató que de acuerdo a los hechos, ese día fueron detenidas tres personas al interior de una casilla de votación en Tecomán, por presuntamente alterar el orden y al ser llevados a las instalaciones de la Policía Municipal, la legisladora se hizo presente para cuestionar el motivo de la aprehensión, pero en respuesta fue sometida por uno de los elementos quien le restringió momentáneamente su libertad deambulatoria, pese a haberse identificado debidamente.

Añadió que posterior a iniciar la queja y de solicitar el informe correspondiente a la autoridad señalada, ésta negó que se hayan violentado los derechos humanos Rodríguez y los tres ciudadanos detenidos, sin embargo, la CDHE determinó que sí se dieron esas violaciones porque además de no respetar el fuero de la diputada y de agredirla verbalmente, al preguntar a las autoridades electorales si el día de la elección habían solicitado la presencia de la policía municipal en dicha casilla, su respuesta fue negativa.

De acuerdo al ombudsman local, el exsecretario particular, que ahora se desempeña como director de Desarrollo Social y Humano, Atención y Participación Ciudadana en ese mismo ayuntamiento, argumentó en su momento que se encontraba de licencia de su cargo municipal durante la jornada electoral, sin embargo, durante el incidente mencionado “se apersonó dando instrucciones y órdenes a los agentes policiacos”.

“Se emite recomendación al Ayuntamiento de Tecomán, dirigida principalmente al presidente José Guadalupe García Negrete, para los efectos, en principio de que se inicien los procedimientos administrativos sancionadores en contra de los elementos que participaron en esos hechos que vulneraron derechos humanos de las personas que fueron detenidas ilegalmente, pero también de la legisladora federal”, señaló.

Y añadió que serán las autoridades municipales las que tendrán que decidir las sanciones que le corresponderán a cada uno de los involucrados e informarlas a la CDHE, sanciones que aseveró pueden ir desde un amonestación, la destitución y hasta la inhabilitación para desempeñar algún cargo público.

Aunque de igual manera sugirió que “este enjuciamiento sea también con perspectiva de género”, es decir, que se tomen en cuenta las normas nacionales e internacionales que marcan el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.

Otra de las recomendaciones que hace es que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación, dirigido a policías y demás personal a cargo de la Dirección de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Protección Civil del municipio de Tecomán, así como al resto del personal municipal, incluido el funcionario señalado.

Sostuvo que ese programa debe incluir temas relacionados a la incorporación de la perspectiva de género en la seguridad pública y ciudadana, así como en materia de derechos humanos, prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y prevención y eliminación de la discriminación de género, la libertad personal y la legalidad de sus actuaciones.

Asimismo le recomienda que diseñe los Protocolos de Actuación para la Detención de Personas desde la perspectiva de derechos humanos y de género “con la finalidad de resguardar la dignidad humana, eliminar actos de discriminación y violencia contra las mujeres” que vayan, dirigidos a policías y demás personal a cargo de la referida Dirección.

Finalmente, le ordena al municipio hacerse cargo de la reparación del daño moral causado a la diputada por la violación a sus derechos humanos y añadió que para tal efecto, la CDHE informará y dará vista de lo conducente para inscribir a la agraviada de referencia en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, a fin de que tengan acceso al Fondo Estatal, previsto en la aludida Ley estatal.