El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE), Sabino Hermilo Flores, informó que tras el operativo sorpresa que personal de la Secretaría de Marina llevó a cabo el pasado viernes (25) en un bar y hostal del puerto de Manzanillo, ese organismo está analizando las denuncias públicas que se han vertido al respecto para corroborar que dichos operativos se realicen dentro del marco del respeto de los derechos humanos.

“Estamos analizando precisamente tanto los reportes periodísticos como los de las redes sociales que en un momento dado nos brindan información, tendientes a poder analizar que estos operativos como los llaman, se lleven a cabo dentro del marco del respeto de los derechos humanos de las personas y que las áreas a visitar y en las que se tenga acceso se circunscriban dentro de las de acceso público y no tanto de el privado”, explicó.

Y es que de acuerdo al ombudsman local, cuando se trata de una propiedad privada, esta tiene la protección constitucional que para poder ingresar a ella se requiere ya sea el consentimiento del dueño de dicho bien o una orden judicial mandatada por un juez competente en el que se le haya justificado el ingresar sin el consentimiento del dueño a dicho establecimiento.

“Hay que distinguir si se trata de un establecimiento comercial o si se trata de un establecimiento residencial, porque el tratamiento en torno a la obtención del acceso es diverso, si se trata de un establecimiento de libre acceso al público, sí hay la posibilidad pues del ingreso, pero ya el avanzar en un acto de molestia que pudiera involucrar la revisión de personas, el interrogatorio de algunas personas se tiene que hacer graduando y existiendo la justificación del por qué hacer esta revisión”, añadió.

Pero también mencionó que si existe alguna denuncia ciudadana o alguna investigación en curso en torno a que se tengan que buscar objetos ilícitos o que se tengan que encontrar instrumentos de delito, “hay la justificación en un momento dado para que una autoridad pueda proceder a ejercer estos actos de molestia”.

Reconoció además, que ante ese operativo, existe la posibilidad de que la CDHEC inicie una queja de oficio, pero de momento todavía se están analizando las denuncias que se han hecho públicas y recordó que cada que se presenta una situación de ese tipo, ese organismo analiza si existe un derecho humano en juego, como puede ser la intimidad, la integridad física, la salud, y la privacidad, y si hay alguna autoridad o servidor público que esté presuntamente vulnerando tal derecho.

“Dándose esos dos requisitos de oficio se puede iniciar un investigación para determinar si existe o no justificación para el acto de molestia y si no hay tal justificación se consideraría un ejercicio abusivo de esta función pública y en consecuencia proceder a la recomendaciones del caso”, refirió Flores Arias.

A decir del presidente de la CDHEC, hasta este lunes (28) no se había recibido ninguna queja ni de ese operativo ni del resto de acciones emprendidas por las autoridades federales desde el pasado martes (15) en que inició el Operativo Especial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en conjunto con otras dependencias.

“No se observa incremento (de quejas) en ese sentido, pero también en particular a estos operativos de revisión no tenemos aún recibidas hasta este momento quejas de un ciudadano (…) que en consecuencia se haya sentido agraviado en sus derechos o haya interpuesto alguna queja o denuncia porque no se le haya dado un trato digno”, indicó.

Flores Arias se pronunció a favor de que las autoridades con funciones de seguridad pública ejerzan sus responsabilidades de brindar seguridad a los ciudadanos a plenitud, pero recordó que eso no implica una licencia para abusar o para afectar derechos humanos y exhortó a los ciudadanos que hayan sido víctima de esos actos abusivos, a acercarse a la CDHEC a interponer sus quejas para iniciar la investigación correspondiente.

“Que ejerzan labores de seguridad a plenitud pero dentro del marco del respeto a la dignidad humana y eso lleva de por medio que si una persona fue actor de alguna conducta ilícita y se procedió a su detención que sea puesta de inmediato a disposición de la autoridad competente para que le apliquen el castigo, la pena o la sanción que competa (…) ya privada de su libertad que no se cometan abusos, que no se maltrate o que no se realicen acciones de afectación a la integridad física y de comunicación o de privación ilegal de la libertad”, recomendó.