La elección presidencial no fue legal. El Tribunal del Poder Judicial de la Federación ayer la ha legalizado.

La ley incluye una fórmula para definir que el tope de gastos de campaña en dicha elección fuera de más o menos, 340 millones de pesos. Mucho dinero, pero era lo más que se podía gastar. Y ello no sucedió.

La coalición Movimiento Progresista pudo acreditar que el candidato del PRI gasto al menos mil millones de pesos. Fue más que eso. Pero mínimo ese fue el gasto. Ello viola varios principios constitucionales que rigen todo proceso electoral: el de equidad, el de transparencia, el de legalidad, al menos.

Ellos estaban obligados a investigar, a solicitar informes a instituciones financieras y de gobierno, para complementar pruebas. Se negaron a hacerlo. Hubo violación de la Constitución y ello no fue debatido, menos resuelto, por los magistrados.

Reconocen que aún queda pendiente la fiscalización de los gastos de campaña aunque ello será por el IFE y en otro momento. Para cuando se resuelva y nos den la razón, como sin duda sucederá, será demasiado tarde para haber impedido el fraude y la imposición.

Acatar o desacatar desde las izquierdas es una disyuntiva ociosa.

Soy parte de una fuerza política legal, pacífica y democrática. Siempre hemos actuado en el marco de la Ley y lo seguiremos haciendo. Quienes violentan la ley son otros, quienes actúan desde la impunidad y se benefician de la corrupción no somos nosotros.

La Comisión Política Nacional del PRD ha resuelto condenar por ilegal, la resolución del TRIFE. En adelante, sin duda, estaremos acompañando las movilizaciones populares e impulsando una agenda solida para la democratización del país.

Estaremos presentes el nueve de septiembre en el Zócalo de la Cuidad de México atendiendo la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador.

México no está en venta.

 

Seguiremos actuando por el bien de la gente de México.