El síndico del municipio de Colima, Francisco Rodríguez, adelantó que en días próximos, en su calidad de representante legal del Ayuntamiento, entregará una solicitud formal al Congreso del Estado y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) para que realice una auditoría a la Dirección de Pensiones por los préstamos que se otorgaron a diversos integrantes del sindicato de trabajadores desde el año 2011 que asegura fueron ilegales.

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Y es que según informó, tras detectar los primeros préstamos hipotecarios que se les otorgaron en 2015 al dirigente del Sindicato del Ayuntamiento, Héctor Arturo León Alam, y a cuatro de sus colaboradores más cercanos, encontraron otros más que provienen desde el año 2011 entre los que se incluyen a dos hijos del líder sindical y que suman en total 5 millones 60 mil pesos.

“Hemos encontrado que los créditos no solamente datan del 2015, es una práctica que viene del 2011, 2012, 2013 y 2014. El dirigente y seis personas más han estado haciendo usos de esos créditos millonarios. En primer lugar de Arturo León Alam, les habíamos informado que eran 530 mil pesos lo que tenía de crédito, en realidad él debe a Pensiones 960 mil pesos (…) de Hugo Barragán debe un millón 200 mil pesos cuando les habíamos informado que eran 1 millón 6 mil”, puntualizó.

Además, expuso que si bien inicialmente habían dicho que tanto Héctor Paredes como Laura Patricia Sánchez tenían un adeudo de 567 mil cada uno, pero en realidad adeudan por separado 1 millón de pesos, mientras que los hijos de León Alam, Héctor Arturo e Itzel Rocío León Chávez, fueron beneficiados con préstamos de 400 mil y 500 mil pesos, respectivamente.

De acuerdo a Rodríguez, con esos más de 5 millones de pesos prestados a estas siete personas, se pudo haber apoyado al menos a 50 trabajadores y beneficiar así a sus familias, pues afirmó que de acuerdo a las reglas del Consejo de Pensiones, los préstamos máximos que se pueden hacer a los trabajadores son de 100 mil pesos.

Añadió además que este viernes (21) presentará ante la Dirección de Pensiones una solicitud de información para que les explique de manera detallada la forma en que se aprobaron dichos créditos y de qué manera o bajo qué fundamento legal los otorgaron, pues advierte que para hacerlo tuvieron que haber violentado su propio reglamento.

Sindicato busca ampararse contra abrogación del ‘Proyecto 35′

Por otro lado, Francisco Rodríguez informó que el Juzgado Primero de Distrito le notificó apenas este miércoles (19) al Ayuntamiento que le negó la suspensión provisional que solicitaba el Sindicato en contra de la abrogación del “Proyecto 35”, derivado del juicio de amparo que interpuso la agrupación sindical.

“El día de ayer alrededor de las 2 de tarde, fuimos notificados por el Juzgado Primero de Distrito de una negación de suspensión provisional, derivado de un juicio de amparo que presentó el sindicato que representa Arturo León, donde solicitaban que de manera inmediata fuera suspendido la abrogación del Proyecto 35 y se les reinstalara a la brevedad para que siguieran ellos gozando de los beneficios que implicaba dicho proyecto”, refirió.

Expuso que el Juzgado de Distrito les negó la medida cautelar argumentando que lo reclamado era un acto consumado, y que en todo caso debieron haberla solicitado antes de que se hubiera votado el asunto, por lo que considera que la razón les asistirá en dicho juicio de amparo porque al ir al estudio de fondo, la autoridad verá claramente que no les fueron violentados los derechos que los demandantes aseguran haber adquirido.

“Reclaman su derecho a trabajar 35 o hasta 40 años más, lo cual no está prohibido por la ley, pero siempre y cuando no te jubiles, pero ellos querían jubilarse y seguir trabajando 35 o 40 años más; por esta razón nosotros decimos con toda claridad que este primer revés que les da el Juzgado de Distrito al Sindicato le da la legalidad también a la decisión tomada por el cabildo”, señaló.