Compra de equipos de cómputo a la esposa de un funcionario, la adquisición de dos vehículos, pago de cuentas superiores a los 10 mil pesos por consumo en restaurantes y erogaciones de 40 mil pesos para eventos musicales.

Estas son algunas de la irregularidades que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) encontró dentro del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (Sefidec) al hacer una auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y 2015.

A continuación te explicamos a detalles cada una de ellas:

 Más de 188 mil pesos en alimentos y música 

La auditoría revela que entre los años 2013 y 2015, más de 188 mil pesos fueron erogados de las partidas de Congresos, cursos y eventos, así como de la que se destina para gastos de orden social, sin tener una justificación sólida para el Osafig.

A la partida de Congresos, cursos y eventos se cargaron 148 mil 440.66 pesos que resultaron del pago de cuentas en restaurantes y la contratación de grupos musicales.

Por ejemplo, el 28 de febrero de 2013 se registra la erogación de 15 mil 202 pesos en consumo de alimentos para recibir al embajador de Georgia en México. En esa misma fecha se pagan otros 46 mil 400 pesos al grupo musical “Atayde”.

El 19 de septiembre de 2014 se pagaron 13 mil 800 pesos por el concepto de amenización musical para un evento de la Secretaría de Fomento Económico (Sefome); el 3 de agosto del mismo año se paga 8 mil 592 pesos al restaurante La Troje en consumo de alimentos, y en este mismo establecimiento se registra otro pago por 21 mil 800 pesos el 5 de enero de 2015.

El 12 de noviembre de 2014 destinaron 11 mil 981 pesos por consumo en el restaurante D-Frijolito y el 16 de enero de 2015 se gastaron otros 10 mil 497 pesos en el restaurante Las Brasas.

En la partida de gastos de orden social se detectó que el 6 de diciembre de 2013 se pagaron de 33 mil 750 pesos al restaurante Las Cavas de Don José por el consumo de 250 platillos y otros 6 mil 62 pesos fueron erogados el 23 y 28 de enero de 2013 para reponer gastos a la entonces directora general del Sefidec, Blanca Isabel Ávalos Fernández, por el concepto de consumo.

A raíz de esta revisión, el Osafig propone sancionar a Haydee Quintero Vázquez y Cristina Cobián Torres, exdirectoras de Finanzas y Administración del Sefidec, con 143 mil 975.28 pesos, así como a Blanca Isabel Ávalos Fernández, exdirectora general, y Gabriel Valdovinos Vázquez, exdirector de Administración y Finanzas, con 44 mil 278 pesos cada uno.

 Pago de servicios sin pruebas de ser realizados 

El Osafig detectó que se contrató una empresa denominada “Cobro Total” para asesoría jurídica, pero no se tienen pruebas de un contrato debidamente formalizado ni de que el trabajo, en efecto, se haya llevado a cabo, por lo que se pide sancionar a la persona moral con 213 mil 748 .70 pesos.

También se identifica el pago a una empresa llamada “Consultoría Inspección de Proyectos” para ayudar en la elaboración de informes de la cuenta pública, la cual tiene un nombre fiscal distinto al que se le realiza la transferencia, siendo éste “Alliance Veritas Register”, y de la cual no se exhibe un contrato formalizado, algún comprobante fiscal por parte del beneficiario, ni ningún documento que indique que el trabajo se realizó, por lo que se propone sancionarla con 41 mil 760 pesos.

Además, se pide sancionar a la ciudadana Claudia Gabriela Díaz González con 34 mil 800 pesos por recibir los pagos para la empresa “IMD Creativos” la cual fue contratada para prestar servicios que tenían que ver en la elaboración de la MIR (Matriz Integral de Resultados) e implementación del PBR (Presupuesto a base de Resultados), pero no acreditó tener los conocimientos para llevar a cabo el trabajo ni se tienen pruebas de que este se haya hecho.

 El jefe de informática compraba equipos de cómputo a su esposa 

En el informe de resultados de la auditoría también se evidencia que Isaac Martínez Vázquez, exjefe de informática del Sefidec, ordenó y autorizó el pago por mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, así como la compra de materiales y accesorios para el mismo a favor de su esposa, Catalina Núñez Ávila, como proveedora, aún cuando la ley lo impide.

Por esto, se pide sancionar al exfuncionario con un año de inhabilitación para ocupar puestos públicos, mientras que a su esposa se le castiga con la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima por tres años.

Derivado de esto, también se pide sancionar a Gabriel Valdovinos Vázquez, exdirector de Administración y Finanzas del Sefidec, y a Cristina Cobián Torres, exdirectora de Administración y Finanzas del Sefidec, con una inhabilitación para ocupar puestos públicos por tres años.

 Compra de gasolina a familia de Rafa Gutiérrez 

Entre 2013 y 2015, Sefidec compró 363 mil pesos a las empresas Servicios Pereyra S.A. de C.V.Servicio Comercial del Centro S.A. de C.V. por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos.

La primera persona moral está conformada por las accionistas Rosa Elena Rodríguez Pérez y Rosa Anaid Gutiérrez Rodríguez. La segunda la conforman Rosa Elena Rodríguez Pérez, Rosa Anaid Gutiérrez Rodríguez y Karla Janette Gutiérrez Rodríguez, esposa e hijas del entonces titular de la Sefome, Rafael Gutiérrez Villalobos, y estaban impedidas a prestar sus servicios a la administración por el parentesco con el funcionario.

Por esto, nuevamente se propone inhabilitar a Blanca Isabel Ávalos Fernández, a Gabriel Valdovinos Vázquez, Haydee Quintero Vázquez y a Cristina Cobián Torres con tres años de inhabilitación para desempeñarse en el servicio público.

A las empresas señaladas se pide que sean inhabilitadas por tres años para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima.

 30 mdp a una empresa que paró operaciones 

Entre 2014 y 2015 el Sefidec le otorgó 30 millones de pesos a la empresa NPG Latam, la cual tendría que haber iniciado operaciones desde finales de 2014 en Tecomán. El recurso iba enfocado a que la empresa pudiera iniciar operaciones en la entidad para incentivar la creación de empleos.

Sin embargo, en estos momentos la empresa guarda un estatus de “no localizada” para el Osafig, además de que el órgano auditor detectó que el Sefidec no presentó ningún proyecto de impacto o viabilidad para otorgar este monto, además de que la compañía ya había sido descartada para participar en una licitación nacional emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el número LA-009000987-N73-2014.

Además, apunta que a pesar de que la empresa no cumplió con el convenio que hizo con la administración estatal, ésta no intentó interponer ninguna demanda en su contra por el presunto fraude.

Se sabe que en julio de 2015, la empresa paró operaciones sin previo aviso y tuvo un conflicto con sus trabajadores por este motivo.

A raíz de esta situación, por primera vez en esta auditoría se propone sancionar al extitular de la Sefome, Rafael Gutiérrez Villalobos, con una inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos.

La misma sanción se pide para Fernando Morán, exsecretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, a ambos por sus omisiones en la vigilancia del proyecto.

Además, para Blanca Isabel Ávalos Fernández y Gabriel Valdovinos Vázquez se pide otra inhabilitación por cinco años para desempeñarse en cargos públicos.

Los mismos cinco años de inhabilitación se piden para Haydee Quintero Vázquez y Cristina Cobián Torres.

 La compra indebida de autos 

Finalmente, el Osafig detecta que dos automóviles fueron comprados con recursos de la partida “Remodelación y activos”, la cual no tiene por objetivo adquirir vehículos, además de que dicha compra no fue aprobada por la Junta de Gobierno, ni se hizo una licitación, sino que se le adjudicó directamente a la empresa “Nissan Rancagua”.

Los automóviles comprados fueron un Tsuru modelo 2014 y un Sentra Advance CVT.

La sanción que pide el Osafig por esta irregularidad es una amonestación pública para Blanca Isabel Ávalos Fernández y Gabriel Valdovinos Vázquez.