Jubilados que siguieron trabajando y cobraban pensión y salario, préstamos hipotecarios sospechosos, bonos de jubilación indebidos y jubilaciones antes de tiempo, son algunas de las irregularidades financieras que el gobierno de Héctor Insúa García en la capital colimense denuncia al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima que encabeza Héctor Arturo León Alam.

En entrevista con RadioLevy, el síndico municipal, Francisco Rodríguez García, denunció que en julio de 2015 —fecha en que Federico Rangel Lozano ya había solicitado licencia, y que el Ayuntamiento era presidido por Jorge Terríquez Mayoral— el cabildo de Colima avaló el denominado “Proyecto 35”, con el que algunos trabajadores sindicalizados podían seguir laborando y obtener una retribución adicional a su pensión, lo que el actual gobierno considera que no sólo es indebido, sino que es ilegal dado que al jubilarse concluye la relación laboral con el trabajador.

Por esto, explicó el síndico, el viernes pasado (7) el actual cabildo capitalino aprobó que este proyecto fuera derogado.

¿Por qué hasta ahora denuncia esto el gobierno municipal?, se le cuestionó a Rodríguez García.

“Desde un inicio se presentó un plan de austeridad del Ayuntamiento y fue por partes, lo primero que se presentó fue en servicios públicos, estamos llegando a lo más complicado que es Servicios Personales”, señaló.

“De alguna manera tenemos algo de responsabilidad en el momento que se estuvo pagando (…) Desde un inicio se trabajó con el Sindicato para que estas cosas se fueran eliminando de manera convenida, sin embargo una palabra dice el líder sindical y otra niega frente al público, dice que sí en lo corto y después decía otra cosa a sus agremiados”, agregó.

A continuación te enlistamos algunas de las irregularidades denunciadas por el gobierno de Insúa García en la utilización de los recursos públicos canalizados al sindicato de los burócratas municipales.

 1. Pensión y salario 

El síndico municipal denunció que un grupo de trabajadores se jubilaron y se aprobó que siguieran laborando a cambio de una retribución salarial adicional a su pensión.

Entre ellos mencionó al propio líder sindical, Héctor Arturo León Alam, que explicó antes de la aprobación del “Proyecto 35” cobraba por quincena 16 mil 500 pesos, y después cobraba 18 mil pesos.

“Esto generaba que recibieran una pensión por jubilación, pero siguieran trabajando y recibiendo un sueldo, eso es ilegal según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además estas eran personas altamente sustituibles, no había justificación para que siguieran laborando”, detalló.

 2. Préstamos dudosos 

También denunció Rodríguez García que el último día de la anterior administración (el 15 de octubre de 2015) se les autorizaron de préstamos hipotecarios por montos superiores al medio millón de pesos a quienes catalogó como incondicionales de León Alam.

Entre ellos incluyó al propio León Alam, a quien aseguró se le prestaron 530 mil pesos, a Hugo Barragán quien tiene dos créditos por 503 mil pesos, a Héctor Paredes un crédito por 442 mil pesos y uno más por 125 mil pesos, y finalmente, Laura Sánchez, con un par de créditos idénticos a los de Paredes, todos con fecha del 15 de octubre de 2015.

 3. Bonos ‘jugosos’ de jubilación 

El síndico también consideró que algunos de los trabajadores sindicalizados que formaban parte de este “Proyecto 35” no sólo recibían un bono de 50 mil pesos al jubilarse, sino que recibían un bono adicional equivalente al 2 por ciento del total de la nómina de los trabajadores sindicalizados, lo cual, aseguró, representa una cantidad cercana a otros 50 mil pesos.

 4. Jubilaciones… ¿antes de tiempo? 

Finalmente, Rodríguez García mencionó el caso de Hugo Barragán, quien trabajó cierto tiempo en el Gobierno del Estado y se autorizó su jubilación por parte del ayuntamiento presentando únicamente una constancia de la administración estatal para completar los años requeridos para su jubilación (que es de 30 años en el ayuntamiento para los trabajadores hombres), sin mayores evidencias de que en realidad hubiera laborado esos años en el gobierno estatal.

“En el caso de Hugo Barragán, los quinquenios que se les dan cuando cumplen 10, 15, 20 y 25 años se les van dando cada quincena un bono de quinquenio, él reflejaba en la nómina del Ayuntamiento cinco quinquenios, es decir, 25 años de servicio, tuvo que integrar con expedientes y constancias de Gobierno del Estado para completar los años restantes y poderse jubilar”, explicó.

“El Gobierno del Estado le expide una simple constancia que no la anexa con recibos de pago de nómina y se los hizo valer la administración municipal, cuando un expediente con esa antigüedad debe de tener un grosor importante de documentos, a él con dos o tres hojitas lo acreditaron“, añadió.